Cultura
La posible derogación de la "Ley del libro" genera alarma en librerías y editoriales locales
Ante el avance del Gobierno Nacional sobre la propuesta de eliminar las leyes de fomento al libro y la lectura y de precio único al libro, los integrantes del ecosistema que conforma la red la literatura Argentina mostraron preocupación por el posible futuro de la industria.Uno de las tantas propuestas del paquete desregularización enviado por el ministro Federico Sturzenegger planea eliminar las leyes 25.446 "De fomento al libro y la lectura" y la Ley 25.542 "De precio único del libro". Ambas leyes fueron sancionadas en el 2001 como parte de los incentivos para fomentar el trabajo intelectual de los autores nacionales, así como para preservar y asegurar el patrimonio literario. Según Javier Piccolo, presidente de la Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo (EDIUNC), "estas leyes han posibilitado el surgimiento de librerías pequeñas y medianas en todo el largo y ancho del país, esto es lo que corre riesgo de desaparecer".
Qué establecen las "leyes del libro"
En Argentina, la Ley 25.446 surgió debido a que, como se indica en la Constitución Nacional "el Estado nacional reconoce en el libro y la lectura, instrumentos idóneos e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura". En dicha Ley, se establece la creación de la "Comisión Asesora Del Libro" que está conformada por el Secretario de Cultura y los Directores de las Bibliotecas Nacionales.
La Comisión se encarga de asesorar al Estado Nacional para fomentar la "cultura del libro", propiciando espacios de promoción, generando programas de fomento y trabajando con el sector privado para "el desarrollo sostenido y democrático de la industria del libro". Dicha junta está integrada además por representantes de las distintas regiones del País, que se encargan de incentivar los autores locales de Cuyo, Patagonia, NOA, etc.
Por su parte, la Ley 25.542 indica que “todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”. Es decir, el Estado no determina cuánto cuesta un libro. El precio lo define quien lo publica o importa, pero todos los comercios deben respetarlo.
La norma permite algunas excepciones limitadas: descuentos de hasta el 10% en ferias del libro y determinados eventos culturales, y de hasta el 50% para compras realizadas por organismos públicos como la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares o el Ministerio de Educación con fines de distribución gratuita.
La postura de Sturzenegger ¿Libros más baratos?
El Ministro realizó una publicación en su cuenta personal de "X" en la que defiende su postura de eliminar ambas leyes. En el escrito, sostiene que las sanciones actuales "solo prohíben que se ofrezcan descuentos sobre los libros". Y explico que la diferencia con quienes critican su postura radica en "donde se pone la centralidad". Si bien los integrantes de la cadena de librerías, editoriales, autores y trabajadores de la industria ponen el foco en el fomento integral por parte del Estado a la cultura y a todo el ecosistema, el Ministro defiende que desde su Gobierno ponen la centralidad "siempre en el individuo y su libertad".
Desde esa perspectiva derogar esta ley "es una obviedad", aclaró. Y cuestiono que quienes defienden las leyes actuales "protegen un negocio, no piensan en la gente".
Por otro lado, la oposición sostiene que la eliminación de estas regulaciones acabaría con la competencia del mercado y con las librerías pequeñas. Los mismos sostienen que el poder acabaría concentrado en dos o tres grandes cadenas de venta de libros, las cuales aumentarían los precios una vez monopolizado el mercado.
Según una investigación de la Facultad de Derecho y Negocios de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), los países con políticas de precios justos para libros (FBP, por sus siglas en inglés) registran mayores ventas de libros en comparación con los países sin dichas políticas.
Los autores sostienen que el mecanismo funciona de una manera distinta a la esperada: al no competir mediante descuentos, las librerías buscan diferenciarse por otros aspectos, como la oferta de títulos, el asesoramiento al lector o los servicios que brindan.
Un caso reciente de la eliminación de este tipo de políticas, presentes en los principales países ricos en la producción literaria (tales como Alemania, Francia, etc) , fue el del Reino Unido. Tres años después de la derogación de la ley de precio fijo (Net Book Agreement) en Reino Unido, investigaciones académicas encontraron que los best sellers comenzaron a venderse con mayores descuentos, mientras que muchos libros de menor circulación, de autores locales o especializados aumentaron de precio.
Respuesta de la EDIUNC
En una entrevista brindada a El Medio, Javier Piccolo, presidente de la Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo (EDIUNC), comentó sus opiniones ante la posible derogación de las leyes mencionadas: "Desde EDIUNC y desde la red de editoriales nacionales estamos muy preocupados ante el avance en la derogación de las leyes del libro"
Según entiende Javier, las sanciones buscan "proteger, fomentar y potenciar el mercado editorial argentino" entendiendo al libro "no solo como un objeto de mercado, sino como un objeto cultural, que es el lugar que corresponde".
Además explico que "estas leyes fueron consensuadas en su momento por todos los sectores de la cadena del libro. Desde los libreros, pasando por imprenteros, diseñadores, autores y demás".
"Estas leyes han posibilitado el surgimiento de librerías pequeñas y medianas en todo el largo y ancho del país, esto es lo que corre riesgo de desaparecer", declaró.
Y finalizó explicando que "la derogación supondría una concentración aún mayor del mercado . Sería muy gravoso para todas las editoriales de Argentina, y sobre todo para la cultura".
