En un escenario mundial de contracción del consumo de vino, la vitivinicultura argentina, y en particular la de Mendoza, enfrenta una crisis agravada por factores coyunturales y estructurales que amenazan su sostenibilidad. La caída de la rentabilidad, la pérdida de competitividad y la desaparición de pequeños productores son síntomas de una problemática profunda que exige una acción coordinada y un plan estratégico provincial para evitar la desintegración de una de las matrices productivas y culturales más importantes de la región.

El complejo vitivinícola atraviesa una tormenta perfecta. A la caída del consumo en los mercados mundiales, donde hasta las potencias históricas como Francia e Italia ven disminuir sus ventas, se suma una coyuntura económica local que nos deja fuera de competencia. Un tipo de cambio desfavorable, sumado a costos logísticos internos sensiblemente más altos que en el resto del mundo, pulveriza nuestros márgenes de ganancia en el mercado externo. Como señala un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las exportaciones de vinos y mostos registraron una caída interanual del 8,4% en volumen entre enero y agosto de 2025, con una disminución aún más pronunciada en los ingresos por la venta de vino a granel [1].

Esta situación se agrava por la competencia con actores internacionales que juegan con otras reglas. En Europa, los subsidios agrícolas y la planificación territorial sostienen a los productores, mientras que en los países del "nuevo mundo" vitivinícola, el acceso a crédito con tasas competitivas permite inversiones y mejoras tecnológicas impensadas en nuestro país. Esta asimetría de condiciones nos deja en una posición de extrema vulnerabilidad, luchando por colocar nuestros productos en un mercado global cada vez más exigente y competitivo.

La crisis del mercado interno y la concentración productiva

Históricamente, el mercado interno ha sido el gran sostén de la vitivinicultura argentina, llegando a absorber hasta el 70% de la producción. Sin embargo, las recurrentes crisis económicas han erosionado el poder adquisitivo de los hogares, trazando una correlación directa entre la caída de los ingresos y la del consumo de vino. Según datos del CEPA, el consumo per cápita en Argentina ha descendido de 23,8 litros anuales en 2015 a 16,3 en 2024, con una caída interanual del 17,1% en los despachos al mercado interno en agosto de 2025 [1]. A esto se suma la competencia de otras bebidas, como la cerveza o las gaseosas, que se presentan como alternativas más económicas para el consumidor.

Esta crisis de rentabilidad ha acelerado un proceso de concentración productiva que viene gestándose desde hace décadas. Los pequeños productores, incapaces de hacer frente a los altos costos y los bajos precios, se ven forzados a abandonar sus viñedos, muchos de los cuales se pierden para siempre. Entre 2015 y 2024, la provincia de Mendoza perdió 16.864 hectáreas de viñedos, una reducción del 10,6% de su superficie cultivada [1]. En contrapartida, prosperan las grandes explotaciones, que gracias a la economía de escala, la automatización y la agricultura de precisión, logran mantener su rentabilidad. Este fenómeno, que también se replica a nivel industrial con las bodegas de estructuras corporativas, tiene un profundo impacto en la estructura social y territorial de Mendoza, con la desaparición de un actor clave como es el productor familiar.

La amenaza de la minería y la urgencia de un plan estratégico

En este contexto de crisis, la vitivinicultura, que supo generar hasta 250.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos, se ve amenazada por el avance de la minería metalífera. En un escenario de escasez hídrica, donde más del 11% del agua de Mendoza se destina al consumo humano (con enormes pérdidas y baja eficiencia de uso), la competencia por este recurso vital se vuelve crítica. Pero más allá de la disputa por el agua, es fundamental considerar el impacto social de la sustitución de una matriz productiva por otra. En el mejor de los casos, la minería podría reponer apenas uno de cada cinco puestos de trabajo perdidos en el agro, con el consiguiente desarraigo y la pérdida de una cultura y una identidad forjadas a lo largo de generaciones.

La situación actual exige una respuesta contundente y coordinada. Es imperativo que Mendoza diseñe y ejecute un plan de gestión agrícola integral que permita acompañar y dirigir la reconversión de un sector que necesita modernizarse para sobrevivir. Este proceso complejo requiere de una planificación política a largo plazo y de una articulación fluida entre todos los actores involucrados: productores, industriales, municipios, gobierno provincial, empresarios y cámaras sectoriales. Sin un plan estratégico agrícola, Mendoza corre el riesgo de ver cómo se desintegra una parte esencial de su identidad, con un costo social que ya estamos empezando a pagar.

La vitivinicultura mendocina tiene futuro, pero este no vendrá por sí solo. Requiere de un esfuerzo conjunto, de una visión compartida y de la voluntad política para implementar las transformaciones necesarias. Es hora de dejar de lado los diagnósticos y pasar a la acción. El futuro de miles de familias mendocinas y de una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural está en juego.

por Luis Coita Civit - Ingeniero Agrónomo & Enólogo - Productor

Referencias

[1] Centro de Economía Política Argentina (CEPA). (Octubre de 2025). Desempeño reciente del complejo vitivinícola en el contexto económico nacional y provincial: tendencia y desafíos actuales.