Veo una publicación en este medio sobre los magros recursos económicos de Ética Publica que aparentemente le impedirían funcionar como corresponde. No coincido que solo sea un tema económico, esta ley 8993, termino siendo una verdadera desviación de poder, cuyo objetivo evidentemente fue sacarle al Fiscal de Estado la competencia que tenía por la ley 4418 para actuar en la contra irregularidades a través de la fiscalía de investigaciones administrativas, con la casualidad que se trataba de un Fiscal de Estado de color político distinto del gobierno radical.
Desarmado el Fiscal de Estado de poder investigar en las profundidades oscuras del resto de los poderes, crearon con la ley 8993 este nuevo órgano de contralor el Auditor de ética pública, que no fue equipado con las facultades legales necesarias para cumplir su misión, como las que tenía el Fiscal de Estado.
La ley actual es muy pobre y limitada en el tema, en general solo contempla, la competencia del Auditor para hacer o participar de investigaciones, y llegar a dictaminar sobre la existencia o no de irregularidades, aplicar multas y a lo sumo hacer denuncias penales, pero no puede accionar administrativamente y, sobre todo judicialmente, para la nulificación de los actos que entiende son irregulares.
Vamos a los ejemplos, la Intendenta de Santa Rosa nombra a su madre como asesora, con ratificación del consejo deliberante, el auditor dictamina que se trata de un acto irregular, y le pide a la misma intendenta que dé marcha atrás, esta rechaza el pedido y la asesora siguió en su cargo por un acto ilegitimo, que por ser de nulidad absoluta no puede ser ratificado por ninguna autoridad, o sea mucho ruido, pero no paso nada.
Lo mismo sucedió con el intendente de Rivadavia que nombro a su hijo.
Hoy es noticia el crecimiento económico del ex gobernador Suarez, cuya investigación bloquea la mayoría legislativa automática del oficialismo. La ley 8993 es clara en su artículo 27: "Serán competencias de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública 5- Recibir, registrar y acopiar declaraciones juradas de funcionarios/as y agentes comprendidos en la presente ley y proceder conforme a su normativa. Evaluar las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, incompatibilidad en el ejercicio de la función o cualquier otra situación sospechosa, la que deberá ser informada con sus antecedentes y dictamen técnico a la autoridad de la que dependa el presunto infractor y a la justicia en caso de que implique delito y deberá emitir el certificado de cumplimiento de la obligación que establece la presente ley".
La pregunta de sentido común con los elementos que están en los medios como paso con Paco Pérez ¿No se amerita que el Auditor investigue como dice la ley una situación que pudiera constituir enriquecimiento sin causa? ¿No hay una situación sospechosa?
Por mucho menos a Francisco "Paco" Pérez fue denunciado por legisladores radicales , y ya fue imputado.
Si no lo armamos al Auditor de legitimación suficiente para impugnar tanto administrativa mente como judicialmente, las irregularidades que detectará, en los casos que sean remisos los funcionarios a sus dictámenes, el seguirá siendo a lo sumo un mero declarador de irregularidades, sin fuerza legal para restituir el cumplimiento de la ley.
El Partido Demócrata tiene presentado un proyecto de ley para equipar jurídicamente al auditor para que cumpla con la debida independencia y coraje esta función que le ha sido encomendada, obvio que no se lo quieren tratar.
Conclusión, no solo es un tema de plata, sin esta herramienta no pasara nada con el incumplimiento de todas las obligaciones legales que impone la ley de ética a los funcionarios, y la ciudadanía seguirá viendo como a pesar de la crisis que vivimos, los altos mandos de los gobiernos y sus seguidores en funciones, con solo su sueldo, gozan de la buena vida.
Y la impunidad sigue vigente.
PEDRO GARCIA ESPETXE
DNI 8456087
