La Oficina de Ética Pública es la encargada de la vigilancia y monitoreo de la transparencia y la ética en el Estado y los ámbitos privados. De ella dependen la dirección de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales y la subdirección de Acceso a la Información Pública, encargadas de investigar conductas inapropiadas de funcionarios y tramitar los pedidos de acceso a la información pública realizado por la ciudadanía. A esa oficina el gobierno provincial le destina un presupuesto de 28 millones de pesos para el año 2026.

Según explicaron a El Medio desde la Oficina de Ética Pública, el dinero no incluye partidas para sueldos ya que todos los empleados (13 en total) están designados en comisión desde otras dependencias estatales. En cuanto al auditor General, Gabriel Balsells Miró, su salario se transfiere directamente a la Cámara de Senadores. El presupuesto operativo de la oficina representa un tercio de lo que gana al año el auditor general.

El salario de Gabriel Balsells Miró está establecido por la ley 8993 y representa el 90% de lo que percibe el gobernador de la provincia. El monto anual estimado -con aguinaldo incluido- ronda los 104 millones de pesos, más del triple que lo que dispone la oficina para su funcionamiento.

La institución que tiene 13 empleados y un presupuesto mensual de 2.3 millones de pesos es la encargada de controlar "la totalidad de las formas públicas de la Provincia, ya que alcanza Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados, entes reguladores y de control; administraciones municipales y concejos deliberantes; representantes sindicales del sector público y proveedores del Estado".

En otras palabras, es la encargada de llevar "el registro de evolución patrimonial de sujetos obligados, la investigación administrativa sobre la cosa pública y la vigilancia del cumplimiento del acceso a la Información Pública".