Esta semana el Departamento General de Irrigación destituyó e inhabilitó por cinco años al exinspector de cauce Alejandro Currenti, titular de la Inspección Canal Vertientes Corralitos Unificada de Guaymallén. Entre los cargos que le imputó el Honorable Tribunal Administrativo —por más de $28,7 millones— apareció uno especialmente grave: la utilización, hasta junio de 2024, del token bancario de un delegado fallecido en octubre de 2022. 

Un medio local consignó –sin pudor alguno- que Currenti habría "reconocido" la utilización del dispositivo intentando trasladar la responsabilidad material a la contadora de la institución. Esa afirmación es una invención de la fuente periodística: Currenti jamás efectuó tal reconocimiento, y llama la atención que se instale como un hecho cierto algo que no surge de las actuaciones, hubiera bastado compulsar el expediente radicado en Ministerio Público Fiscal.

La secuencia de los hechos no puede pasar inadvertida. En otro expediente donde se investiga la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos (de IRRIGACION) y que fue formulada por todo el cuadro de autoridades de la Inspección de Cauce Canal Matriz Lunlunta, se dispuso citar a declarar como testigo a Romina Paola Cagol —esposa de Alejandro Currenti— por ser ella quien grabó un audio en el que se documenta el uso indebido de tokens de inspectores de cauce (incluso, de fallecidos) por parte de una conspicua CONTADORA del DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION (de la cual me reservaré su nombre). Fue recién después de esa resolución que se conoció la destitución y la sanción millonaria contra CURRENTI.

En esa grabación, la contadora del DGI es escuchada instruyendo a la misma esposa de Currrenti (empleada de IRRIGACION) en el uso de los tokens de los inspectores de cauce "incluso el de los muertos" para realizar transferencias de todo tipo. 

Se trata, precisamente, de la misma maniobra por la que ahora se sanciona a Currenti: el uso y abuso post mortem de credenciales bancarias de inspectores fallecidos, entre ellos Pedro Vicente Pelayes. 

Pero el audio no se agota ahí: de su contenido surge que las propias autoridades de Irrigación conocían la comisión de este ilícito (arts. 172 ó, 173 inc. 16 ó 153 bis del código penal), al punto de que la grabación completa le fue remitida al mismo Marinelli, Superintendente del Departamento General de Irrigación a su correo electrónico hace ya mucho tiempo.

Cabe preguntarse, entonces, si la sanción a Currenti no resulta sobreviniente a la citación de su esposa como testigo y, si no persigue, en los hechos, un doble propósito: estigmatizar intimidando al grupo familiar de quien aportó la prueba central contra la operatoria de la CONTADORA DE IRRIGACION, y al mismo tiempo abrir un paraguas protector sobre dicha funcionaria, exhibiendo ante la opinión pública una sanción ejemplificadora contra un subordinado mientras la responsable directa de instruir el uso del token de los inspectores de cauce (vivos y muertos) permanece, hasta donde se sabe, en funciones (hasta que le suelten la mano). 

La pregunta cobra más sentido todavía si se advierte que el testimonio de la Sra. Cagol nada tiene que ver con la responsabilidad de su marido en Corralitos, sino con una práctica delincuencial generalizada del propio DGI en la Tercera Zona de Riego -en todas las inspecciones a su cargo (8)- y que sería conocida —según surge de la propia grabación— por la superioridad del organismo.

Llama la atención, en definitiva, que apenas conocida la citación de la esposa de Currenti como testigo clave del audio que compromete a la contadora y que ya obraba en poder del propio Director General de Irrigación, se precipite una sanción ejemplificadora contra el marido —por una maniobra idéntica a la que la contadora del organismo instruía sin consecuencias conocidas hasta el momento—. 

Esa secuencia no demuestra, por sí sola, ninguna maniobra deliberada; pero sí autoriza a preguntarse si no se está utilizando la exposición personal de un grupo familiar ya sometido a una fuerte presión mediática y judicial como forma de disuadir o condicionar un testimonio que, en verdad, apunta a la propia conducta institucional del Departamento General de Irrigación y no, a la de Currenti.

Lo cierto es que el audio de la contadora confirmaría —con la voz de una funcionaria del propio organismo de contralor— que el uso de tokens de inspectores fallecidos (y también de otros vivos) no fue un hecho aislado de Corralitos, sino una práctica sistemática replicada en distintas inspecciones de la Tercera Zona de Riego, entre ellas Lunlunta, y conocida por la propia conducción del DGI. 

Esa coincidencia entre lo que hoy se le reprocha a Currenti y lo que desde hace meses viene denunciando el cuadro de autoridades de la Inspección Canal Matriz Lunlunta debería, cuando menos, obligar al DGI a explicar por qué persigue penal y administrativamente a algunos actores mientras mantiene en funciones a la contadora que —según sus propios dichos grabados, ya conocidos por Marinelli— coordinaba esa misma operatoria puertas adentro del organismo.

Hay un dato adicional que no puede pasarse por alto: la noticia sobre la destitución y las multas contra Currenti fue publicada este último viernes (21-08-2026) por la mañana, mientras que la notificación formal de la resolución a Currenti y a sus abogados recién llegó ese mismo viernes al mediodía. 

Que la información esté en la calle horas antes de que la resolución sea notificada a los propios interesados no es un detalle menor, y autoriza a preguntarse de dónde salió la filtración y con qué propósito se difundió en ese momento puntual, apenas conocida la citación de Cagol como testigo en Lunlunta. Esa circunstancia hace sospechar incluso del rol que le cupo al Ministerio Público Fiscal en la coordinación —o al menos en el conocimiento previo— de esta secuencia de hechos.

A esto se suma que la declaración de Romina Cagol como testigo en la causa de Lunlunta está prevista para este lunes (24-08-2026, 10 hs), apenas tres días después de todo este estrépito (des)informativo desatado en torno a su marido. 

Se ignora, por ahora, si semejante exposición pública y mediática —propia de una trama mafiosa— habrá logrado el efecto de sembrar el espanto en quien está llamada a declarar como testigo clave de una maniobra que compromete, antes que a Currenti, a la propia estructura del DGI.

A todo esto se suma un fenómeno que merece ser señalado con nombre y apellido: la voracidad con que buena parte de la prensa mendocina replicó, sin el menor esfuerzo de verificación propia, el relato que le fue suministrado —ya sea por Irrigación, ya sea por fuentes vinculadas al Ministerio Público Fiscal—. 

Ningún medio se detuvo a contrastar las fechas del supuesto uso del token, que varían de una nota a otra; ninguno reparó en que la cifra final de los cargos también cambia según quién la cuente; y que uno instaló como un hecho cierto un "reconocimiento" de Currenti que jamás existió, sin que ningún otro medio se molestara en desmentirlo o siquiera en dudar de él. 

Cuando la fuente es un organismo público en pleno conflicto con un sector al que persigue, y esa misma fuente entrega la noticia servida y a horario, lo mínimo que cabría esperar de un periodismo profesional es un ejercicio de sospecha metódica antes de imprimir el titular y estigmatizar a la víctima e incluso, a su grupo familiar. 

En cambio, lo que hubo fue una fila de medios dispuestos a comer, sin masticar, la “verdura podrida” que Irrigación puso en el mostrador…