La suerte de Alejandro Currenti parece estar agotada. El inspector de cauce de la Inspección Vertiente Corralitos, destituido del cargo, fue emplazado por resolución del Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación a pagar una multa de 27 millones de pesos y otra de 1.1 millones de pesos. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos en cualquier organismo de la administración del agua, al igual que Antonio Miguel Sánchez, Oscar Amer, Jaime Francisco Vives y el José Alberto Sánchez, por haber avalado las irregularidades detectadas.

Currenti quedó en el ojo de la tormenta en el año 2024 luego de que el Honorable Tribunal Administrativo se negara a aprobar la rendición de cuentas presentada por Alejandro Currenti en el 2023. El Tribunal de Cuentas había advertido inconsistencias y algunos integrantes del HTA de Irrigación se plantaron cuando les pidieron que aprueben el balance. Por aquel entonces, el exconcejal de Guaymallén, José Pozzoli denunció penalmente a Currenti y al exintendente Marcelino Iglesias por considerarlos responsable por "acción u omisión" del posible desvío de materiales municipales que estaban destinados a obras que no se hicieron.

A raíz de las observaciones del Tribunal administrativo y de la denuncia penal, se ordenó una auditoría exhaustiva en el ámbito de la Inspección Vertiente Corralitos por las siguientes irregularidades:

1. - La utilización de la firma (token) del Sr. Pedro Vicente Pelayes, fallecido, para la realización de operaciones bancarias entre las fechas 24/10/2022, fecha fallecimiento y 01/08/2024 fecha de materialización de la intervención preventiva.
2. - Percepción ilegítima de viáticos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, y abril de 2023, por adeudar el pago aportes y contribuciones del personal, contrariando lo dispuesto por Res. N° 386/99.
3. - Cancelación nominal de la deuda correspondiente al periodo 2023 (de enero a diciembre) con AFIP, recién en mayo de 2024, afectando económicamente a Inspección de Cauce generando una deuda en concepto de intereses devengados.
4. -No se ha justificado la procedencia de los fondos para construir la sede de Inspección de Cauce, ampliaciones y/o mejoras, ni se ha puesto a consideración de la Asamblea la necesidad de la misma ni su conveniencia, como su emplazamiento en terrenos del Inspector de Cauce.
5. - Cobro a frentistas por la ejecución de obras convenidas que no fueron realizadas, conforme constancias de fs 39/82.
6. - Duplicar, triplicar o multiplicar gastos por la misma tarea, al realizar convenios de locación de servicios para desarrollar las mismas labores que los empleados de la inspección, conforme constancia de fs.86.
7. - Pago de honorarios profesionales por servicios prestados por la Escribana Leticia Vanina Sancho, por certificar firmas insertas en cartas poder para la Asamblea de Mayo de 2024.
8. - Celebración de un contrato de "préstamo" de un tractor que sería propiedad de la esposa del Inspector de Cauce Sra. Romina Paola Cagol, con cláusulas patrimonialmente perjudiciales a la Inspección de Cauce por obligarla a la restitución de cubiertas cuando las actuales evidencien un desgaste del 20%, sin constar el estado actual de las mismas ni el modo de determinar el grado de desgaste, y contrariando la naturaleza jurídica del contrato de comodato, que es esencialmente gratuito.

Luego de analizar los descargos, se dio por demostrado que el Inspector de Cauce percibió de forma ilegítima los viáticos, el uso indebido del token de una persona fallecida, el cobro a frentistas por la ejecución de obras convenidas que no fueron realizadas, pagos multiplicados por una misma tarea pago de servicios particulares con fondos de la inspección, el contrato fraudulento por préstamo de un tractor de la esposa de Currenti, entre otras irregularidades que fueron notificadas al Ministerio Público Fiscal.

Además de inhabilitarlos a ocupar cargos de Administración de Aguas, el Honorable Tribunal Administrativo impuso una multa de 27 millones de pesos a Alejandro Currenti "en concepto de devolución de los montos referidos a los hechos acreditados en las presentes correspondiente al ejercicio 2024 más los intereses que se devenguen hasta el día del pago efectivo, el que deberá hacerse en un plazo de 10 días mediante depósito en la cuenta de la Inspección de Cauce". A eso, suman otra multa de 1.1 millones por irregularidades detectadas en el ejercicio 2023.

La denuncia penal involucra al exintendente

Alejandro Currenti era cercano a Marcelino Iglesias y videos de aquella época muestran como Iglesias defendía a Currenti cuando era increpado por regantes en una reunión. Según la denuncia presentada por José Pozzoli, Marcelino Iglesias debe ser considerado responsable por acción u omisión de los hechos denunciados.

El eje de la denuncia es que el propio Departamento General de Irrigación, organismo de contralor de la Inspecciones de Cauce, admite que hay obras que no se realizaron a pesar de haber recibido material de la municipalidad y haberle cobrado la mano de obra a los frentistas.

Para José Pozzoli el responsable de esos desmanejos es el inspector de cauce Alejandro Currenti, pero entiende que nada hubiese sido posible si hubiesen funcionado los controles municipales. Currenti disponía de los materiales municipales con llamativa facilidad y el denunciante sostiene que "por intermedio del ex intendente Marcelino Iglesias el Municipio de Guaymallén entre los años 2019 y 2023 le entregó a la inspección de cauce conducida por Alejandro Currenti millones de pesos en materiales para la construcción y combustibles que debían estar destinados a la construcción de canales de riego".

"De acuerdo a la información a la que he tenido acceso y a lo expresado por distintos regantes de la inspección, muchos de estos materiales no llegaban a destino y eran comercializados y no se utilizaban para la construcción de dichos canales. Por lo tanto considero que por acción u omisión debe investigarse cual ha sido el accionar del exintendente Marcelino Iglesias en los hechos denunciados ya que la pasiva actitud tomada por la Municipalidad de Guaymallén en controlar en que eran utilizado los cuantiosos materiales que se le daba a la inspección debe ser materia de investigación por parte de esta fiscalía", denunció Pozzoli.