El día martes la parte querellante en la causa que tiene como imputado a Marcelo D'Agostino denunció irregularidades en la tramitación del caso. En concreto, denunciaron que se había incorporado una pericia psiquiátrica con fecha anterior a su realización. Como respuesta, el Ministerio Público Fiscal compartió un comunicado en el que afirma que "no ha existido tal manipulación".

En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal intentaron justificar que la pericia se haya incorporado en las fojas correspondientes al 27 de mayo pese a que se realizó en el mes de julio. Las mismas corresponden al examen psiquiátrico realizado al denunciado.

"Cuando se ordena una pericia a efectuar por el Cuerpo Médico Forense, en todos los casos, se procede de la siguiente manera: se asigna el perito y a partir de allí se crea el documento que contiene los puntos a peritar. A medida que se va avanzando con la pericia (que puede tener más de una entrevista) se va completando en documento ya creado. Al finalizar la medida se completa con las conclusiones de los profesionales intervinientes (peritos oficiales y los propuestos por la defensa y querella) y se procede a la firma. Recién a partir de ese momento el documento es visible para el fiscal y para las partes, no lo es en ningún momento previo", explicaron.

"Por tanto las fechas señaladas en la denuncia de referencia, corresponden a diferentes momentos de una misma actuación, en este caso el 27 de mayo se generó el documento con los puntos periciales a tratar incorporándose al sistema y el 3 de julio se concluyó y se procedió a la firma de los peritos.  Este procedimiento responde al propio funcionamiento del sistema MP que referimos, implementado en este Ministerio Público Fiscal desde el 2018", afirman desde el organismo que conduce el procurador Alejandro Gullé.

La denuncia de la querella

 La abogada querellante, María Elena Quintero, presentó una denuncia por irregularidades en la incorporación de informes en el expediente que tramita la Fiscalía de Instrucción N°22. En concreto, asegura que a su defendida no se le informó sobre la incorporación de un informe pericial psicológico practicado al imputado y agregaron que si bien el informe se firmó el 3 de julio en el expediente se lo incorporó en fojas correspondientes al 27 de mayo. Es decir más de un mes antes de que el documento existiera, y sin que la querella fuera notificada de su incorporación.

A raíz de ello, se formuló denuncia penal por una grave anomalía detectada en el expediente electrónico y la abogada patrocinante señaló que "el registro de un expediente judicial es un instrumento público y debe reflejar la verdad sobre cuándo se incorpora cada actuación; cuando la única fecha que ven las partes no informa cuándo se agregó una prueba decisiva, se afecta la fe pública y el derecho de defensa de la víctima".

Respecto al comunicado del Ministerio Público Fiscal, aseguran que no explica "por qué la querella jamás fue notificada de la incorporación del dictamen, cuando el mismo sistema remite avisos automáticos por correo electrónico y lo hizo con otras actuaciones del mismo expediente pocos días antes".

"Si el sistema funciona como el comunicado describe, la ciudadanía tiene derecho a saber que las fechas de los expedientes digitales de Mendoza no informan cuándo se incorpora la prueba, y eso deberá corregirse. Si no funciona así, deberá saberse quién decidió cuándo y cómo se incorporó esta. En cualquiera de los dos escenarios, lo que está en juego excede este expediente. Es la fe pública de los registros judiciales, que no se defiende con comunicados sino con auditorías", advirtió la abogada querellante.