Un nuevo capítulo se suma en la causa que tiene a Marcelo D'Agostino como imputado. La abogada querellante, María Elena Quintero, presentó una denuncia por irregularidades en la incorporación de informes en el expediente que tramita la Fiscalía de Instrucción N°22. En concreto, asegura que a su defendida no se le informó sobre la incorporación de un informe pericial psicológico practicado al imputado y agregaron que si bien el informe se firmó el 3 de julio en el expediente se lo incorporó en fojas correspondientes al 27 de mayo. Es decir más de un mes antes de que el documento existiera, y sin que la querella fuera notificada de su incorporación.

A raíz de ello, se formuló denuncia penal por una grave anomalía detectada en el expediente electrónico y la abogada patrocinante señaló que "el registro de un expediente judicial es un instrumento público y debe reflejar la verdad sobre cuándo se incorpora cada actuación; cuando la única fecha que ven las partes no informa cuándo se agregó una prueba decisiva, se afecta la fe pública y el derecho de defensa de la víctima".

La calificación legal de los hechos quedó librada al Ministerio Público Fiscal. "Si el sistema que administra la totalidad de los expedientes penales de la provincia puede exhibir una prueba con una fecha distinta de la de su incorporación real, sin advertencia y sin aviso a los interesados, ninguna persona que litigue en Mendoza, sea víctima o imputada, puede confiar en que la cronología del expediente que consulta refleja la verdad", asevera la denuncia presentada por María Elena Quintero.

En este sentido, afirma que la certeza sobre cuándo se agrega cada actuación al expediente es la base sobre la que se computan plazos, se ejercen defensas y se controla la prueba. "Una falla de esa naturaleza, de confirmarse, no es un problema de un expediente sino una fuente de inseguridad jurídica para toda la ciudadanía, y por eso la denuncia reclama una auditoría integral del sistema", advirtió.

Por todo ello, solicitan que se de inicio a una investigación penal por los delitos que se puedan haber cometido, y exige que se preserve la evidencia digital.

Más irregularidades denunciadas

No es la primera vez que la parte denunciante marca irregularidades en el proceso de la causa. Ya desde el inicio se cuestionó la imputación a Marcelo D'Agostino por coacción en contexto de violencia de género y por tenencia de arma de fuego en lugar de imputarlo por abuso sexual y violencia de género. La acusación también criticó que no se haya allanado la vivienda del exsubsecretario de Justicia ni se hayan secuestrado sus teléfonos celulares.

En el mes de junio María Elena Quintero solicitó "el apartamiento inmediato de los fiscales actuantes" y afirmó que "han perdido la objetividad exigida por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal". En concreto, los acusa de haber orientado el proceso hacia una “investigación invertida” donde el foco se desplaza del presunto agresor hacia la vida privada de la víctima.

"En lugar de investigar los hechos denunciados, la fiscalía ordenó medidas orientadas a reconstruir diecisiete años de la vida privada de la víctima mediante informes vecinales y pericias psicológicas que la expusieron a nuevas formas de revictimización. Los fiscales adoptaron de manera literal categorías y argumentos de la defensa del imputado para desacreditar el relato de la denunciante, lo que constituye una forma de violencia institucional incompatible con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada", aseguró la abogada en un extenso escrito.

Pero eso no es todo. A principios de agosto, la denunciante que afirma haber sido víctima de violencia de género y abuso sexual cargó directamente contra la jueza María Jimena Pina González y la denunció por la posible comisión de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad. En concreto, afirman que la conjueza Jimena Pina González resolvió por si misma el recurso de recusación que la querella presentó en su contra en lugar de remitir el recurso al tribunal competente.