Carlos Rojo Font
El laberinto de la vitivinicultura
Un retroceso institucional que amenaza al vino argentino.
La crítica se extiende a la inacción del actual presidente del INV, Carlos Tizio, y del gobierno provincial, a quienes acusa de no defender al organismo. Además, el texto subraya la cancelación de un préstamo de 50 millones de dólares del BID para el programa PROVIAR II, destinado a pequeños productores, lo cual agrava la situación. Se concluye que estas decisiones son puramente ideológicas y tendrán consecuencias negativas para los pequeños y medianos productores, debilitando la calidad y el prestigio del vino argentino.
La vitivinicultura argentina está atrapada en un laberinto. Pero no en uno de los que el tiempo ayuda a resolver, sino en uno construido desde la ceguera ideológica y el desprecio por lo público. Con el Decreto 462/2025, el gobierno de Javier Milei asestó un golpe directo al corazón institucional del sector: el desmantelamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Y lo hizo, además, con la complicidad pasiva de su actual presidente, Carlos Tizio, que aceptó sin resistencia el vaciamiento de funciones y la pérdida de autonomía del organismo que supuestamente debía defender. El gobierno provincial, recientemente confirmado como aliado electoral de la administración Milei tampoco puso reparos ni cuestionó las medidas avalando tácitamente el decreto.
La transformación del INV en una unidad administrativa subordinada a la Secretaría de Agricultura es mucho más que una reforma estructural: es un gesto de desdén hacia décadas de construcción institucional. Se eliminó la fiscalización integral del proceso productivo; las certificaciones de origen, añada y variedad ahora son voluntarias; y los controles técnicos pueden ser tercerizados. En otras palabras, se desarma el sistema de trazabilidad y control de calidad que garantizaba el prestigio del vino argentino tanto en el mercado interno como en el exterior.
La supuesta eficiencia que el gobierno pregona es, en verdad, un sinónimo de abandono. Desregular no es sinónimo de modernizar. Retirar al Estado de la cadena vitivinícola es una decisión política, no técnica, y sus consecuencias serán evidentes: pérdida de competitividad, desprotección de los pequeños y medianos productores, debilitamiento del tejido cooperativo y apertura de las puertas a la adulteración, el fraude y el oportunismo comercial. Es clave remarcar que el INV es un organismo científico técnico que produce conocimiento en términos estadísticos y en procesos químicos de su laboratorio a partir de sus tareas fiscalizadoras, es el análogo al buque científico que por estos días estudia el mar argentino y que tanto interés despierta por sus transmisiones de streaming. Desguazar al INV es lo mismo que torpedear al buque científico.
En este escenario, la actitud de Carlos Tizio, actual titular del INV, resulta especialmente preocupante. En lugar de alertar sobre los riesgos, eligió acompañar el desguace con declaraciones edulcoradas, justificando los cambios en nombre de la "simplificación". No hubo ni una palabra en defensa de los miles de productores que verán aumentar su incertidumbre; ni una advertencia sobre el impacto institucional que significa desarticular uno de los pocos organismos técnicos de calidad que aún funcionaban con reconocimiento nacional e internacional.
Como si no bastara, el Gobierno, ni bien comenzada su gestión, también decidió cancelar el préstamo de 50 millones de dólares del BID destinado al PROVIAR II, un programa que apuntaba justamente a mejorar la eficiencia productiva, la sustentabilidad y el acceso a tecnología de los pequeños productores vitivinícolas. Es decir, se desmantela el INV y, al mismo tiempo, se anula el financiamiento externo que podría haber mitigado los efectos de esa misma desregulación.
¿Cuál es el sentido de cancelar un préstamo que no afectaba al Tesoro Nacional y estaba destinado a uno de los sectores más exportadores y regionalmente integrados del país? La única explicación posible es ideológica: una política de ajuste ciega, que no distingue entre gasto y inversión, entre burocracia y soberanía institucional.
La vitivinicultura argentina no sólo produce vino. Produce identidad, trabajo, arraigo y cultura. Pero en este laberinto libertario, los caminos se cierran para los que no tienen espalda financiera, lobby político o llegada directa al poder. Los pequeños productores son los que más pierden. El Estado, que debía ser garante de calidad y equidad, se retira. Y en su lugar no queda el mercado perfecto que prometen los manuales, sino una competencia desigual, opaca y precarizada.
No hay que ser nostálgicos del Estado planificador para entender lo que está en juego. Se trata, simplemente, de reconocer que sin instituciones públicas fuertes, la vitivinicultura argentina pierde rumbo, pierde voz y, tarde o temprano, perderá mercados. De esta manera se atenta directamente contra el virtuoso triángulo de Sabato que promueve la colaboración entre Estado, academia y sector privado. Es hora de dejar de justificar lo injustificable. Porque cuando el vino pierde su trazabilidad, el país pierde mucho más que un producto: pierde confianza.
El autor es Licenciado en Economía UNCuyo, Master en Administración de Empresas Escuela Europea de Negocios (Madrid), Doctorando en Ciencias Sociales Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo. Coordinador del Programa Mendoza Tecnológica del Banco Interamericano de Desarrollo (2014-2016). Consultor en Tecnología y Procesos del Banco Interamericano de Desarrollo. Coordinador Ejecutivo en Instituto Nacional de Vitivinicultura Programa PROVIAR II BID (2022-2024)
