Cambios en el INV: la posición de la vitivinicultura argentina

El Gobierno nacional modificó la estructura y las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a través del Decreto 462/2025, publicado en el Boletín Oficial el 8 de julio. A partir de esta norma, el organismo dejará de ser descentralizado y pasará a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura. El cambio implica, además, una nueva orientación en los controles: el INV se enfocará exclusivamente en el producto terminado, dejando de fiscalizar las etapas intermedias del proceso vitivinícola.

El decreto modifica y deroga varios artículos de la Ley 14.878, vigente desde 1959. También habilita la posibilidad de delegar funciones a entes públicos o privados y de celebrar convenios con provincias para ejecutar tareas de control. El nuevo esquema busca limitar las funciones del INV a su rol técnico, reducir costos y simplificar trámites. En la práctica, implica que el organismo ya no participará de manera obligatoria en la fiscalización de actividades como cosecha, elaboración, fraccionamiento o transporte.

La decisión generó distintas reacciones en el sector vitivinícola. Algunas entidades ven con buenos ojos el enfoque sobre el producto final y la reducción de la burocracia. Otras advierten sobre la pérdida de capacidades del organismo y la necesidad de definir cómo se implementarán los cambios.

“El instituto que conocimos ya no existe”

Para Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), el decreto marca un quiebre institucional. “El instituto que nosotros conocimos ya no existe”, afirmó. Según su lectura, el cambio implica pasar de un organismo con autonomía económica y financiera a una unidad dependiente del Gobierno central, lo que representa un giro en la toma de decisiones.

Villanueva sostuvo que parte de los cambios eran esperados. “Algunas reformas son artículos que quedaron en la ley sin uso efectivo, como el consejo directivo”, explicó. Pero también destacó que hay transformaciones más profundas. “El control se hará exclusivamente sobre el producto final, no en los procesos intermedios, algo que en cierta medida era pedido por la industria”.

Sobre la operatividad del nuevo esquema, expresó que será necesario actualizar las resoluciones internas del INV, ya que muchas de ellas hacían referencia a artículos que fueron modificados o eliminados. También advirtió sobre la pérdida de ciertas facultades: “El INV pierde cierto poder de policía para ingresar a los establecimientos. Son muchos cambios que habrá que ver cómo se desarrollan”.

Villanueva subrayó la importancia de cuidar tanto al productor como al consumidor. “Es clave evitar la competencia desleal y que se proteja al vino argentino en los mercados externos”, dijo. Además, destacó como positiva la posibilidad de que los organismos provinciales de control firmen convenios con el INV para federalizar las tareas de fiscalización. “Todo se va a manejar desde Buenos Aires, y eso no es lo más adecuado”, agregó.

Un cambio esperado por parte del sector

Desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Mauro Sosa coincidió en que el decreto introduce una modificación relevante en la orientación del control. “El criterio de fiscalización se orienta ahora al producto final. Es lo que hemos venido solicitando desde hace años”, afirmó.

Sosa remarcó que el nuevo enfoque implica una validación de la tendencia que se venía dando en el sector, con una menor carga burocrática y menos costos asociados al control. “El decreto está dándonos una satisfacción”, señaló.

No obstante, advirtió que aún resta conocer detalles importantes. “No está claro qué significa exactamente ser una unidad organizativa. En el sector privado tiene un significado; en el sector público, otro”, dijo. También expresó preocupación por la omisión de los organismos provinciales en el decreto. “Se establece que los organismos públicos nacionales deben consultar al INV en cuestiones vinculadas al vino, pero no se menciona a los provinciales. Eso nos genera inquietud”.

Sobre el impacto operativo, planteó dudas sobre cómo funcionarán los trámites cotidianos. “Necesitamos un organigrama para ver cómo se van a instrumentar los procesos. Está la parte legal, que hay que seguir estudiándola, y la operativa, que hay que ver cómo se desarrolla”.

Sosa también recordó que el INV ha sido históricamente un espacio donde se definieron políticas y regulaciones con alto impacto económico. “Este decreto ratifica un camino de desburocratización y apertura que ya se venía insinuando”, afirmó.

“Vamos a esperar la reglamentación”

Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), su presidente, Fabián Ruggeri, señaló que el decreto está siendo analizado por las entidades del sector. Si bien consideró que la modernización institucional es necesaria, remarcó que aún falta conocer cómo se aplicarán los cambios.

“Entendemos perfectamente que las instituciones deben renovarse y actualizarse. Estamos de acuerdo con eso. Pero necesitamos claridad sobre cómo será ahora la nueva metodología de trabajo”, expresó.

Según Ruggeri, los puntos más sensibles tienen que ver con el funcionamiento del control en las etapas de elaboración. Por eso, anticipó que solicitarán una reunión con autoridades del INV para obtener precisiones. “Esperamos que haya resoluciones complementarias que aclaren lo que establece el decreto”, indicó.

En análisis por parte de Coviar

Carlos Fiochetta, gerente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), comentó que la entidad está estudiando el contenido del decreto y sus implicancias. “Con la oficialización del texto en el Boletín Oficial, es posible analizar los cambios y también las posibles normas y reglamentaciones que podrían verse afectadas”, señaló. Anticipó que esta semana la Coviar analizará el tema en su reunión de Directorio.

Consultado sobre el rol técnico del INV, Fiochetta sostuvo que debe fortalecerse como organismo competente. “Tiene la capacidad, el conocimiento y la legitimidad para ejercer funciones de fiscalización. Es clave evitar solapamientos de funciones o nuevas cargas desde otros entes que generen duplicación de costos y desconexión con la realidad territorial”.

Sobre las consecuencias de los cambios, afirmó que aún es pronto para evaluarlas. “Puede haber efectos inmediatos y otros que se vean con el tiempo. Estamos en una etapa de análisis”, concluyó.

La postura de Bodegas de Argentina

A través de un comunicado, Bodegas de Argentina expresó su respaldo a las iniciativas orientadas a “simplificar procesos, reducir burocracia y potenciar la competitividad del vino argentino en el mundo”. En ese sentido, consideró que la reforma debe centrarse en mejorar las condiciones para producir y exportar.

La entidad también remarcó la necesidad de preservar las capacidades técnicas del INV. “Garantizar la calidad, la trazabilidad y la identidad de nuestros productos es fundamental”, señaló el comunicado.

Una etapa de transición

El decreto 462/2025 se suma a una serie de reformas impulsadas por el Gobierno nacional sobre distintos organismos públicos. En el caso del INV, la transformación no sólo es institucional sino también funcional. Cambia la lógica de fiscalización, se redefine el alcance del control estatal y se abre la puerta a una mayor participación de entidades privadas y provinciales.

Las entidades del sector coinciden en la necesidad de contar con mayores precisiones. La reglamentación pendiente, el nuevo organigrama y la coordinación con las provincias serán claves para definir cómo se aplicarán los cambios en la práctica. Mientras tanto, el INV comienza una nueva etapa, con una estructura distinta y un enfoque centrado en el producto final.