La informalidad laboral es un problema persistente en Argentina. Se trata de una falencia estructural que prácticamente no muestra señales de mejora ni en época de expansión de la actividad económica. Según datos del Indec, el 43% de los asalariados del país trabajan en negro, es decir que no realizan aportes al sistema jubilatorio y no cuentan con protección de derechos laborales. Lo más preocupante, es que hay algunos sectores en los que la informalidad domina.

En concreto, hay cuatro ramas de actividad que tienen más asalariados informales que registrados. De acuerdo con lo informado por el organismo nacional de estadística, el rubro más comprometido es el del servicio doméstico. Las cifras oficiales indican que hay 1.575.000 trabajadores asalariados en ese sector, de los cuales 1.108.000 son "no registrados", contra 467.000 que se encuentran en blanco (70% de informalidad). El dato no sorprende, teniendo en cuenta la baja capacidad de control que tiene el Estado sobre los domicilios particulares y los bajos incentivos que existen para formalizar a los empleados del hogar.

Otra rama de actividad con alta informalidad laboral es la de la construcción. Lo datos oficiales señalan que hay 989 mil personas trabajando en ese sector en todo el país. Sin embargo, son sólo 378.000 los que están debidamente registrados, de donde se desprende que hay un nivel de informalidad del 62%. 

Es muy similar la situación de la agricultura, un sector históricamente afectado por el empleo en negro y la precariedad laboral. De acuerdo al último informe de "Generación de insumos y mano de obra" del Indec, entre todas las actividades vinculadas a la agricultura se emplea a 865 mil personas, pero hay 518 mil que se encuentran en la informalidad. Si bien está claro que en muchos casos se trata de trabajos temporales, con una duración de dos o tres meses (principalmente en las labores de cosecha), los datos del Estado confirman que ni siquiera se elaboran contratos por tiempo determinado..

En un escenario similar el que se encuentra en el cuarto rubro más informal de la Argentina. Se trata del sector de "hoteles y restaurantes". Los números indican que en sitios de alojamiento y negocios gastronómicos hay 604 mil asalariados en el país. Entre ellos, 297 mil están en blanco y 307 mil se encuentran en negro (51% de informalidad). También se da la situación de trabajos por temporada, pero los contratos se realizan igualmente en negro. 

Los menos informales

Todos los sectores tienen algún nivel de informalidad, pero hay algunos con una situación considerablemente mejor a la de los rubros ya mencionados. La explotación de minas y canteras, por ejemplo, tiene un nivel de informalidad del 11%. En el total de Argentina las mineras y petroleras emplean a 111 mil trabajadores y la gran mayoría (99 mil) están en blanco. De todas formas, eso implica que hay 12 mil asalariados que, aún desempeñándose en el sector menos informal de todos, se encuentran en negro. El informe de Indec no aclara qué tareas desempeñan los empleados que se encuentran en situación de informalidad.

El segundo rubro con menor nivel de informalidad es el de "actividades inmobiliarias". El 14% de los trabajadores de esa rama actividad no aportan al sistema jubilatorio. En detalle, son 159 mil los empleados informales y 945 mil los que están en blanco en el rubro inmobiliario. 

Completa el podio de los menos informales la intermediación financiera. Entre bancos y otras entidades emplean a 285 mil personas en todo el país. Son 243 mil los que realizan aportes jubilatorios y 42 mil los que están vinculados al sector, pero se encuentran en negro. 

Las duras consecuencias de la informalidad

En este contexto, los especialistas advierten que la persistencia de la informalidad laboral representa uno de los principales desafíos estructurales del mercado argentino. No sólo afecta la recaudación fiscal y previsional, sino también la calidad de vida de millones de trabajadores que quedan excluidos de la cobertura social y la estabilidad que brinda un empleo formal. Además, limita las posibilidades de crecimiento de las empresas, ya que distorsiona la competencia entre aquellas que cumplen con todas las obligaciones legales y las que no lo hacen. Los economistas sostienen que, sin una política integral que combine incentivos a la formalización, control estatal y mejora en la productividad, será difícil revertir un problema que lleva décadas enquistado en la economía argentina.

La elevada proporción de trabajadores informales también tiene un impacto directo sobre el sistema previsional argentino. Al no realizar aportes, esos asalariados no contribuyen al financiamiento de las jubilaciones, lo que agrava el déficit estructural del régimen. Según estimaciones oficiales, casi la mitad de la fuerza laboral no registra contribuciones regulares, lo que implica que una parte importante de las prestaciones actuales se sostienen con recursos impositivos y no con aportes genuinos. En este contexto, el desfinanciamiento del sistema previsional se convierte en un problema creciente: menos trabajadores formales significa menos ingresos para la seguridad social, en un país donde la población envejece y el número de jubilados continúa aumentando.