Esta semana, Argentina presentará un descargo argumental ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en un intento por sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF. Esta medida fue ordenada inicialmente por la jueza Loretta Preska en el marco del juicio por la expropiación de YPF, que condena a Argentina a pagar US$16.100 millones.
El objetivo principal de Argentina es que el tribunal superior extienda la decisión de pausa durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. Actualmente, la suspensión para cumplir el dictamen se limita al lapso de las presentaciones de las partes involucradas. La presentación argentina se realizará el martes 22 de julio.
Esta acción se produce luego de que los beneficiarios del fallo (el fondo Burford Capital y otros litigantes) expresaran a la Corte de Apelaciones que, aunque no desean quedarse con las acciones de la petrolera, sí reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación. Este cambio de postura de los beneficiarios se da tras el apoyo legal del gobierno estadounidense a la posición argentina a través de un "amicus curiae".
Con este nuevo escenario, Argentina buscará evitar desprenderse de las acciones de YPF de manera inmediata y poder transitar la apelación en la misma instancia con un panorama más favorable. Si el pedido judicial fuera rechazado, la orden de Preska se reactivaría, obligando a Argentina a cumplir para evitar el riesgo de desacato.
Una declaración de desacato, aunque no común para un Estado, podría derivar en una multa y afectar la credibilidad de Argentina en la comunidad global y ante los organismos crediticios, dificultando su acceso a los mercados internacionales.