En su discurso anual ante la Cámara de Diputados de San Juan, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció la presentación del proyecto de la “Ley de Desarrollo Local Minero”, un instrumento pensado para que la inversión minera deje un impacto significativo en la economía provincial. Según el mandatario, la iniciativa busca “definiciones claras e impulso a la participación local, respetando las normativas nacionales y las prácticas internacionales”, según informó el diario más leído de la vecina provincia, Tiempo de San Juan.

Hasta ahora, se conocían los lineamientos generales de la futura ley: metas progresivas de empleo y proveedores, definición unificada de conceptos clave y la obligación de presentar planes estandarizados por parte de las empresas mineras. Sin embargo, hasta este anuncio, no existía un proyecto formal para iniciar su tratamiento legislativo.

Tras el discurso del Gobernador Orrego, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, detallaron cómo se aplicarán estos conceptos, ofreciendo además matices que permiten interpretar la intención detrás de la normativa.

"Es una ley que ha tenido un largo proceso. Considero aún que era una última instancia, si bien la redacción ya está completa, es una última instancia de repaso junto con todos los actores. Recordemos que, como lo dijo el Gobernador, es una ley que ha sido construida desde el consenso con escucha, o sea, no es una ley caprichosa, como se dice, o un marco normativo caprichoso", expresó Juan Pablo Perez.

"Junto con Gustavo, con el ministro de la Producción, han sido hace un largo tiempo que lo venimos pensando, lo venimos escribiendo, lo venimos modificando, siempre en pos del desarrollo local minero, como su nombre lo indica. Es una ley que tiene objetivos de alcanzar cupos, los tiene a los cupos, pero son progresivos, son objetivos a alcanzar y sobre todo es una ley, como decimos, no cierra, sino que equilibra, una ley que mide y una ley que transparenta", agregó.

"Efectivamente, no estamos poniendo cupos obligatorios. Lo primero que estamos procurando es definir tener una definición clara y consensuada de qué es empleo local y de qué es proveedor local. Agregando algo que hemos trabajado anteriormente en la provincia y que no ha sido trabajado en otras iniciativas, que es distinguir también la localidad de la comunidad específica donde está instalado el proyecto de la localidad más amplia, que es la de los proveedores y empleos que están radicados en el resto de la provincia", explicó Gustavo Fernánzez.

"El Gobernador fue muy claro, habló de una ley de desarrollo local y minería. No es una ley de proveedores. Esto está enfocado en el desarrollo local. Eso abarca al empleo, abarca a los proveedores y también tiene un apartado especial para todo lo que son proyectos de desarrollo comunitario. La segunda herramienta clave de este proceso son planes estandarizados. Todas las empresas bajo el mismo formato van a presentar un plan de desarrollo de empleo y un plan de desarrollo de proveedores. En el marco de ese plan van a indicar de qué manera, en el tiempo y de forma progresiva, se proponen alcanzar los objetivos que plantea la ley, objetivos de empleo local y objetivos de adquisición a los proveedores locales", agregó.

"Es un trabajo que se ha realizado con cámaras de proveedores y en el cual también han participado los equipos técnicos y legales de la Cámara Minera de San Juan. El proyecto que ha anunciado el Gobernador Orrego cuenta también con un trabajo colaborativo, no solo con los beneficiarios que podrían ser proveedores y empleo en general en la provincia, sino también con quienes son los obligados por esta normativa, que son las propias empresas mineras", finalizó.

A pesar del consenso general, el artículo sobre premios y sanciones sigue siendo el principal punto de discusión. Este artículo determinará los incentivos para las empresas que cumplan con los planes y los mecanismos para quienes no los alcancen. La resolución de este punto será determinante para que la ley funcione como instrumento efectivo de desarrollo local y no quede en un marco declarativo.

El proyecto contempla también la creación de un Registro de Proveedores, priorizando a los sanjuaninos en la contratación de bienes y servicios mineros y ofreciendo la posibilidad de acceder a beneficios y líneas de financiamiento para los que cumplan los objetivos. Mientras tanto, las empresas y cámaras del sector buscan garantizar que la normativa incentive la participación local sin desalentar la inversión.

Con la presentación formal del proyecto, la provincia entra en una nueva etapa: esperar que el texto sea ingresado y preparado para su análisis legislativo, con atención especial al mecanismo de premios y sanciones. La expectativa es que, una vez resuelto ese punto, la ley pueda avanzar en la Legislatura y consolidar un marco normativo que potencie el impacto económico de la minería en San Juan, especialmente en empleo y desarrollo de proveedores locales.