La primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles, que se celebra en Santa Marta (Colombia) y en la que se espera que este martes y miércoles participen los representantes de medio centenar de países, ha puesto el foco sobre los beneficios extraordinarios que las empresas energéticas, especialmente las petroleras, están logrando con el alza de los precios ligados a la guerra en Medio Oriente. Durante los primeros días de esta cita, los debates entre expertos y representantes de la sociedad civil se han centrado en buena parte en cómo financiar la transición energética necesaria para que el calentamiento global se quede dentro de los límites menos catastróficos. Y la fiscalidad sobre las empresas de combustibles, principales causantes del cambio climático, está en ese debate, como también otras medidas como la reducción de la deuda externa de los países o los mecanismos de arbitraje internacional que permiten a las multinacionales demandar a los Estados si anulan proyectos fósiles.

“Estas empresas están ganando con nuestra dependencia de los combustibles”, resume la brasileña Mariana Paoli, responsable de políticas climáticas de Oxfam y una de las participantes en las discusiones de Santa Marta. “La fiscalidad es fundamental para conseguir los recursos para la transición”, añade. En especial resalta la importancia de gravar “los beneficios astronómicos de las grandes petroleras”.

Desde que estalló la crisis energética por el ataque de EE UU e Israel a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasaba algo más de la quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se consume el mundo, se han multiplicado los análisis e informes que apuntan a esos beneficios extras que estarían obteniendo las petroleras por el alza de los precios. Un estudio de Greenpeace, por ejemplo, lo cifraba a principios de abril en 81,4 millones de euros extra al día solo en la Unión Europea desde el inicio de la guerra en Irán. Otro análisis de Global Witness para The Guardian situaba en 30 millones de dólares cada hora los beneficios extra que las 100 principales compañías de petróleo y gas del mundo lograron solo en el mes de marzo. “Los precios en el surtidor se han incrementado mucho más que el aumento de los costes del crudo desde el inicio de la guerra en Irán”, resumía Greenpeace en un análisis que denunciaba el enorme incremento de los márgenes de la industria fósil.

Este asunto lleva ya años en el foco de las conversaciones sobre cambio climático, pero rebota con fuerza cuando se producen crisis por el alza de precios, como la vivida ahora por la guerra en Oriente Próximo. O como la generada con la guerra en Ucrania en 2022.

Ahora, con la crisis en Medio Oriente y el monumental shock mundial, vuelve a resurgir la idea. A principios de abril, los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal pidieron a la Comisión Europea la creación de un nuevo tributo coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas por la guerra. Aunque con la invasión de Ucrania ya se activó un instrumento parecido, en el paquete especial que la Comisión Europea presentó la semana pasada por la guerra no figuraba ese impuesto.

En cualquier caso, más allá de las tasas a las empresas, “desde hace tiempo emerge en las cumbres del clima el asunto de la financiación”, explica el economista y miembro del centro de pensamiento colombiano POLEN Transiciones Justas, Leonardo Rojas. Esa financiación climática se necesita para poder abordar la transición en países como Colombia, cuya economía sigue dependiendo todavía en parte de la extracción y exportación de combustibles como el carbón y el petróleo.

Muchos de los participantes del ámbito académico y del activismo en Santa Marta abogan por una reforma profunda del sistema financiero con medidas como reducciones o eliminaciones de la deuda externa de los países vinculada a la transición ecológica. Un lugar destacado en esta conferencia lo ocupa también la petición para terminar con los mecanismos de resolución de disputas que permiten a las empresas energéticas acudir a tribunales de arbitraje al margen de los sistemas judiciales de cada país. Muchas empresas recurren a esos arbitrajes para demandar a los Estados cuando estos anulan proyectos de extracción de combustibles. “Los Gobiernos no pueden llevar a cabo una eliminación gradual de los combustibles fósiles que sea justa y oportuna mientras estén expuestos a costosas amenazas legales por parte de inversores extranjeros”, resume Melissa Blue Sky, del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL).

Tasas y beneficios

Respecto a la fiscalidad vinculada a las compañías fósiles, Rojas, quien también está formando parte de la conferencia de Santa Marta, explica que existen diferentes vías para poder lograr esa financiación. Una de ellas es que los países establezcan un fondo soberano que se nutra de lo recaudado con la imposición de entre 1 y 5 dólares por cada tonelada de carbón extraída. Ese fondo se destinaría para que esa nación transite para dejar atrás ese combustible y encuentre alternativas para su economía.

Otro de los instrumentos, añade Rojas, sería la imposición de una sobretasa a las petroleras que se active a partir de un aumento determinado de los precios de la gasolina. En Colombia ya se activó un instrumento de ese tipo. En España, tras la invasión de Ucrania, estuvo activo en 2023 y 2024 un gravamen especial para las grandes energéticas. Pero hace un año y medio ese impuesto fue eliminado en las Cortes a través de una enmienda del PP que terminaron apoyando PNV y Junts.

En cualquier caso, Rojas advierte de los riesgos que pueden implicar este tipo de tasas, porque en ocasiones suponen “una distorsión fiscal”. “Lo vimos ya con la invasión de Ucrania, los precios un tiempo después volvieron a bajar”, explica este experto. Pone el ejemplo de un combustible importante para Colombia: la tonelada de carbón llegó a alcanzar los 300 dólares, “pero luego bajó un 200%”. Además, este economista considera que en el caso de las imposiciones de tasas y gravámenes para la transición energética donde tiene más sentido es en las compañías privadas. “En las públicas es más fácil que los fondos puedan redirigirse para la transición desde los Gobiernos”, añade Rojas.

Javier Andaluz, portavoz de la Alianza por el Clima, que agrupa a más de un centenar de organizaciones españolas, incide en dos aspectos fundamentales a la hora de gravar los beneficios de las empresas: el instrumento que se adopte debe ser finalista (es decir, los fondos deben destinarse a la transición energética) y no tiene que repercutir en los ciudadanos, en sus facturas.

Andaluz cuenta que uno de los elementos clave de en los debates que se han producido entre la sociedad civil en Santa Marta ha sido “cómo hacer que los grandes contaminadores paguen”. Lo explica desde el campus de la Universidad del Magdalena, donde se han reunido ONG, sindicatos, pueblos indígenas y expertos para preparar sus recomendaciones.

El martes y miércoles le tocará el turno a los representantes gubernamentales, que también deberán presentar sus ideas. De esta conferencia no se espera que salga una posición cerrada de los países, sino que se concibe como el inicio de un proceso en el que los Gobiernos que tienen claro que hay que abandonar los combustibles fósiles puedan crear alianzas para hacerlo realidad.

“Queremos que se cree un grupo de países que presione al resto”, resume Andaluz. Porque Santa Marta surge también en respuesta a la frustración con el sistema de discusiones que rige las cumbres del clima de la ONU, donde la sola mención a los combustibles fósiles (a los que la ciencia señala sin género de dudas como los causantes del calentamiento) lleva 30 años siendo un tabú. Santa Marta, defienden sus organizadores, es un complemento a esas cumbre de la ONU. Como también lo sería el tratado de no proliferación de combustibles fósiles que quieren impulsar las organizaciones ecologistas y que también está en el germen de esta conferencia que coorganiza Colombia con Países Bajos.