A pocas horas de la marcha universitaria, el Gobierno oficializó un fuerte ajuste en la educación por $ 78.000 millones y recortes en gasto de infraestructura de $ 5.300 millones a las universidades, como parte de una modificación del Presupuesto 2026, aprobado hace tan solo cuatro meses atrás y el primero en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Los cambios forman parte de la decisión administrativa 20/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tal como reveló Clarín, el titular del Palacio de Hacienda le había pedido a los ministros del gabinete que le enviaran un plan de recortes a fines de abril.

La nueva ronda de ajuste llega en momentos que el gobierno enfrenta un "stress" fiscal por la caída de la recaudación, pese a la subestimación de la inflación en el presupuesto. La orden fue un recorte adicional del 20% del gasto de capital y del 2% del gasto corriente para cumplir con la meta de superávit primario del 1,4% del PBI en 2026 con el Fondo Monetario.

En esa línea, el Ejecutivo aumentó recursos por $ 564.917 millones (+0,4% respecto a los recursos vigentes previos) y redujo gastos por $ 2.439.416 millones (-1,6%). Así, el superávit financiero mejora en $ 3 billones (de $ 226.469 millones a $3,2 billones), según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Las más afectadas por los recortes fueron las obligaciones a cargo del Tesoro (- $ 1,4 billones), seguida por el Ministerio de Economía (- $ 521.000 millones), el de Interior (- $ 320.000 millones) y Salud ($ 70.000 millones), mientras que el Poder Judicial fue el más beneficiado ($ 65.000 millones) y el Ministerio de Justicia ($ 35.000 millones).

Dentro de obligaciones a cargo del Tesoro, se redujeron créditos en asistencia financiera a provincias (- $ 1,19 billones) y servicios sociales (- $ 564.000 millones), que incluyen ayudas a personas y asignaciones familiares. Asimismo, se disminuyeron transferencias a exENARSA (- $ 200.000 millones, el programa EDUCAR (- $ 48.000 millones) y AYSA (- $ 21.000 millones)

En la órbita del Ministerio de Capital Humano, la secretaría de Educación sufrió el mayor recorte (- $ 78.000 millones). Las partidas más afectadas son el Plan Nacional de Alfabetización (-$ 35.000 millones), infraestructura y equipamiento (-$ 21.600 millones), el Fondo de Compensación Salarial Docente (- $ 8.900 millones) y Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas (- $ 6.600 millones).

Dentro del Ministerio de Economía, el principal recorte fue al programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria. Se trata de obras en universidades que se detuvieron al inicio de la actual gestión, vinculadas a préstamos de la CAF. Así, del presupuesto por ley de $ 9.164 millones, se achicó en $ 5.300 millones (-82,9%), según cálculos de ASAP.

La poda de transferencias impactó sobre las universidades bonaerenses, como la Universidad Nacional de La Plata (- $ 1.000 millones), Avellaneda y General San Martín (- $ 700.000 millones) y la UNPAZ, de José C. Paz (- $ 300.000 millones). También alcanza a las de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

Otra de las afectadas es la Universidad Nacional de las Artes (UNA), mientras que la UBA salió indemne. "La reducción afecta a 13 universidades, aunque no puntualmente a la UBA ya que no tenía obras asociadas a esos dos préstamos CAF en específico los fondos para infraestructura del Ministerio de Economía", señalaron desde la casa de estudios.

Dentro de Economía, hubo ajustes en los créditos destinados al régimen de compensación de deudas y créditos entre la Nación, las provincias y la Ciudad ( - $ 322.000 millones), subsidios al sector petrolero (- $ 28.000 millones), obras de infraestructura hidráulica en todo el país (-27.000 millones), Vialidad (- 97.000 millones), INDEC ( - $ 1.000 millones) y la Comisión de Energía Atómica (-$ 3.500 millones).

Menos remedios, guiño a la SIDE y premio a la Corte

En Interior, el ministerio de Diego Santilli, el principal ajuste fue en los fondos a las provincias (-320.000 millones).

En Salud, la cartera de Mario Lugones, hubo recortes en el acceso a medicamentos (- 20.000 millones), fondos a provincias (-25.000 millones), Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer (- $ 5.000 millones) y prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles (- $ 500 millones de pesos).

El Poder Legislativo presentó un ajuste de $ 14.400 millones, Presidencia de la Nación, de - $ 7.700 millones, principalmente de la secretaría de Cultura, por $ 2.800 millones, y de la secretaría general, a cago de Karina Milei, con una reducción de $ 2.488 millones. El presupuesto de la SIDE, ampliado en diciembre, no tuvo recortes.

La jefatura de Gabinete, a cargo de Adorni, tuvo una disminución de recursos de $ 33.200 millones, principalmente la secretaría de Innovación, Ciencia y Técnica (- $ 11.800 millones). Dentro de ese capítulo, la UBA se vio afectada indirectamente por la poda al CONICET (- $ 3.263 millones).

También hubo reducciones en la Agencia de Investigación y Desarrollo (- $ 857 millones) la Comisión Actividades Espaciales ( - $ 4.409 millones), el Servicio Geológico Minero ( - $ 267 millones) y la Administración de Parques Nacionales (- $ 4.400 millones).

En menor medida se reducen los presupuestos vigentes del Ministerio de Defensa (-$48.904 millones), Ministerio de Seguridad (-$34.380 millones) y Cancillería (-$14.876 millones) con impacto en los fondos destinados a organismos internacionales (OMI, OIEA, Aladi, ONU, OEA, OPAQ, OCDE, Mercosur, G77, Corte Penal Internacional, OMC, entre otros), y Ministerio de Capital Humano ( - $4.322 millones).

En medio de las tensiones por la designación de nuevos jueces, el Ministerio de Justicia tuvo una reasignación de recursos con más fondos para el Consejo de la Magistratura ($ 43.500 millones) y la Corte Suprema ($ 22.000 millones), y recortes a la Justicia Ordinaria de Caba (- $ 26.000 millones) y la Justicia Federal (- 41.000 millones).