El impacto del programa económico de la administración de Javier Milei sobre la economía real empieza a plasmarse en estadísticas oficiales alarmantes. De acuerdo con un monitoreo elaborado por la consultora Fundar, sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde diciembre de 2023 se registró la pérdida neta de 24.437 empresas empleadoras en todo el país. La cifra representa una contracción del 4,8% del padrón total de compañías con personal a cargo y consolida una racha consecutiva de 17 meses de retroceso en el entramado productivo.

El informe enciende fuertes luces rojas en el ámbito corporativo y gremial debido a que la velocidad y magnitud de la caída ya superan formalmente a los niveles observados durante la crisis sanitaria de la pandemia de Covid-19 entre 2020 y 2021. Los analistas advierten que se trata del arranque de gestión presidencial más contractivo para los primeros 27 meses de mandato desde el año 2003, afectando en un 99,7% a pequeñas y medianas empresas (pymes), que debieron bajar sus persianas arrastradas por la recesión, el desplome del consumo interno y el encarecimiento de los costos operativos fijos frente a la apertura comercial.

La radiografía sectorial muestra que la crisis no golpea a todos por igual, ensañándose con las actividades ligadas a la infraestructura y los servicios. El sector más afectado en términos relativos es el de transporte y almacenamiento, que sufrió una pérdida de 6.193 firmas (-15,7%). Le siguen los servicios inmobiliarios, con una baja de 3.555 compañías (-11,98%), y la construcción, que recortó 2.089 contratistas (-9,6%) a raíz del freno total impuesto por el Poder Ejecutivo sobre la obra pública nacional. En paralelo, el empleo asalariado privado formal arrastra una pérdida neta superior a los 205.000 puestos desde la asunción del Gobierno, un bache que apenas intenta ser disimulado por el crecimiento de la informalidad y la inscripción de 172.624 nuevos monotributistas.

Geográficamente, la desaparición de empresas muestra un mapa federal marcadamente contractivo: 23 de las 24 jurisdicciones del país perdieron unidades productivas. Las caídas más profundas se localizan en el norte, lideradas por La Rioja (-17,4%), Catamarca (-12,8%) y Chaco (-11,3%). La única excepción a la regla general de la economía es la provincia de Neuquén, que logró un crecimiento del 2,1% en su padrón de empleadores y sumó más de 8.300 puestos de trabajo formales. Esta divergencia deja en evidencia una economía partida en dos: un sector extractivista y energético blindado por el dinamismo e inversiones de Vaca Muerta, y un entramado industrial y comercial tradicional que padece las consecuencias directas de la recesión.