El mercado de las telecomunicaciones en Argentina se encuentra ante su mayor encrucijada regulatoria desde la desregulación de las tarifas. La Secretaría de Comercio, bajo la tutela técnica de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), ha tomado una determinación tajante ante el pedido de fusión empresarial: el Gobierno bloqueará de forma definitiva la compra de Telefónica por parte de Telecom Argentina si esta última no accede a desprenderse de un piso mínimo de seis millones de clientes en todo el territorio nacional.

La megacorporación que surja del proceso de integración de ambas compañías pasaría a controlar una porción inadmisible para los estándares vigentes de competencia de mercado. De acuerdo con las proyecciones que manejan las oficinas de control comercial, la absorción directa de la filial de la firma española le otorgaría al nuevo gigante un control cercano al setenta y cinco por ciento del market share en telefonía móvil e internet fija, un porcentaje sustancialmente mayor al límite legal tolerado para garantizar la libre concurrencia de prestadores.

El dictamen gubernamental establece que la desinversión forzada debe focalizarse en aquellos conglomerados urbanos y regiones del interior donde la superposición de redes de infraestructura elimine toda alternativa comercial para los consumidores. El requerimiento oficial obliga a Telecom a transferir esa masa de seis millones de líneas activas a otros operadores competidores del sector —como Claro (propiedad de América Móvil) o diversas federaciones de cooperativas telefónicas regionales— con el propósito explícito de equilibrar el tablero de la conectividad antes de convalidar la operación de concentración económica.

Este condicionamiento gubernamental encuentra su amparo jurídico en la Ley de Defensa de la Competencia (N° 27.442), la cual faculta al Estado a imponer remedios estructurales o de conducta ante fusiones que restrinjan o distorsionen el mercado. El antecedente inmediato y de mayor peso en la historia reciente del sector se remonta al año 2018, cuando el Estado nacional —tras minuciosos informes de la CNDC— aprobó la fusión entre Telecom y Cablevisión. En aquella oportunidad, las exigencias regulatorias incluyeron la devolución obligatoria de ochenta Megahertz (MHz) de espectro radioeléctrico sobrante y la apertura obligatoria de sus redes fijas para que otros proveedores pudieran brindar servicios residenciales en localidades clave de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, una doctrina de ordenamiento de mercado que ahora el Ejecutivo pretende profundizar.