Renunció Marcelo Bailaque, el juez federal acusado de tener vínculos con el narcotráfico en Rosario. En abril de este año, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz había dictado prisión preventiva contra el magistrado.
Según informó diario Clarín, a través de esta medida, Bailaque evitó ser destituido por el Consejo de la Magistratura. Al igual que otros funcionarios, el pedido de detención no se había concretado porque tenía fueros. Sin embargo, tras la renuncia, se especula que podría cumplir prisión domiciliaria.
En una audiencia desarrollada en los Tribunales de Rosario se expusieron los tres legajos penales contra el juez federal. En la primera se lo cuestiona “por su rol en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, que tramitaba desde 2013”.
Desde el Ministerio Público Fiscal refirieron que en este expediente el funcionario judicial tenía como asesor contable personal a Gabriel M., que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas Alvarado y a su exmujer, Rosa Capuano.
De acuerdo a manifestaciones de los fiscales provinciales que impulsaban las investigaciones contra Alvarado, “el juez estuvo once meses sin despachar medidas”, lo cual obedeció a la connivencia con el contador y el líder narco. En el segundo legajo se lo acusa de armar una causa contra dos financistas para cobrarles una coima.
A Bailaque se lo apunta por “haber realizado de manera coordinada con el empresario Fernando W. y con el extitular en Santa Fe de la ex Administración Federal de Ingresos Público, Carlos V., desde 2019 y hasta por lo menos noviembre de 2024, unas serie de actos que implicaron la utilización de las facultades de la ex AFIP y del Poder Judicial de la Nación para iniciar, tramitar o direccionar actuaciones, tanto administrativas como judiciales contra los señores Claudio I. y Jorge O. con el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión sobre ellos y exigir dinero a cambio de influir en el desarrollo del trámite administrativo y del proceso judicial”.
Por último, el tercer expediente detalla que el juez federal fue imputado por “dictar resoluciones contrarias a derecho, lo cual configuró los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario y prevaricato, para favorecer al empresario Fernando W., quien también aparece citado en la causa descripta anteriormente”.
La investigación está relacionada a la actuación del juez en la causa judicial donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada en favor de una financiera cuyo titular es Fernando W., amigo personal de Bailaque.