La oposición analiza acelerar el llamado a una sesión especial en la Cámara de Diputados, sin esperar a que pase el receso invernal, que era el plan original, y tras la sesión del jueves último en el Senado en la que se aprobaron proyectos de la oposición y otros impulsados por los gobernadores.
La idea es utilizar el viento de cola a favor de ese triunfo en el Senado y aprobar en el recinto tanto los emplazamientos de comisiones de los proyectos de los gobernadores (ATN e impuesto a los combustibles) como los dictámenes de financiamiento universitario y emergencia de la salud pediátrica.

Incluso se podrían incorporar a esta agenda los vetos a las leyes jubilatorias y discapacidad, aunque el Gobierno ya anticipó que primero judicializará la sesión del Senado por considerarla inválida.
En esta hipotética sesión de Diputados, que podría realizarse el miércoles 30 de julio, el paso de los emplazamientos incluso podría evitarse si se juntara una mayoría especial agravada para tratar el tema sobre tablas.
En cuanto a los dictámenes sobre universidades y el Hospital Garrahan, el objetivo de máxima es amalgamar una mayoría superior a los dos tercios para blindar las leyes de futuros vetos presidenciales.
El riesgo de esperar unas semanas más es que el Gobierno pueda recomponer los lazos con los gobernadores y así reconstruir el muro de “87 héroes”.
En la Cámara alta, no solamente se abroquelaron en contra el kirchnerismo y algunos sectores dialoguistas que habían sido pilares para la construcción de la ley Bases el año pasado, sino que la autopsia de la derrota muestra a otros actores que se pasaron de bando.
Entre ellos aparecen gobernadores aliados como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Nacho Torres (Chubut) y Hugo Passalacqua (Misiones).
¿Qué es lo que pasó para que esos gobernadores se pasaran de bando, al menos de manera temporal, y aunque esa rebeldía se exprese de forma intermitente?
Los mandatarios aliados entienden que el megajuste fiscal era necesario en la Argentina pero que ya se llegó a un límite de tolerancia social, además de que las provincias no deben seguir desahuciadas financieramente.
En el Senado, quedó ratificado que los gobernadores van por dos cajas: junto a Unión por la Patria (UxP) y algunos díscolos juntaron mayoría para aprobar el proyecto que dispone un reparto equitativo y automático de los ATN, y otro para que los recursos percibidos por el Impuesto al Combustible, que tenía un fideicomiso o asignación específica para la Dirección de Vialidad, ahora vaya repartido a las provincias.
Consumados los hechos, en lugar de apelar a la diplomacia para morigerar daños, el presidente Javier Milei respondió fiel a su estilo: no sólo anunció que vetará las leyes jubilatorias y discapacidad, sino que además señaló que hará lo propio con los dos proyectos de los gobernadores, a quienes acusó de querer destruir al “Gobierno” y a los logros fiscales del Gobierno.
El presidente encuadró su reacción en la batalla cultural “nosotros frente a la casta” y agitó el “principio de revelación”: la apuesta de fondo es que las urnas en octubre lo plebisciten.
Pero esta retórica incendiaria dejó descolocada al ala más política, especialmente al ministro de Interior, Guillermo Francos, y su vice, Lisandro Catalán, que tienen la tarea de reconstruir los vínculos con los gobernadores para evitar que la oposición consiga los dos tercios para bloquear el veto.
De todos modos, hay una instancia previa al veto que es la judicialización, porque el oficialismo sostiene que la sesión fue inválida.