Las recientes decisiones del Gobierno nacional, publicadas en el Boletín Oficial, que disponen la disolución y reestructuración de diversos organismos estatales, tendrán un impacto directo y significativo en provincias como Mendoza. Estas medidas, que buscan reducir el gasto público y optimizar la gestión, reconfigurarán la relación entre el gobierno central y las administraciones provinciales en áreas clave, con especial atención en el sector agropecuario y vitivinícola.
Uno de los cambios más relevantes para Mendoza es la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Si bien el INTA pasa a ser un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, se prevé una reducción de su plantilla. Para Mendoza, epicentro de la producción frutícola, hortícola y, fundamentalmente, vitivinícola, el rol del INTA es crucial en investigación, desarrollo tecnológico, extensión rural y asistencia a productores.
Una reducción de su capacidad operativa podría afectar la innovación, la adaptación a nuevas tecnologías y el soporte técnico a miles de pequeños y medianos agricultores que dependen de sus programas.
Asimismo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con sede central en Mendoza y un rol fundamental en la regulación, fiscalización y promoción de la industria del vino, también sufrirá una transformación y desregulación del sector. El INV es un pilar para la identidad y economía mendocina, garantizando la calidad y autenticidad de los vinos argentinos.
Los cambios en su estatus y en las normativas del sector podrían generar nuevos desafíos para los productores, exportadores y el control de calidad, aunque el Gobierno argumenta que esto busca mayor eficiencia y competitividad. La provincia deberá estar atenta a cómo se redefinen estas funciones y si la desregulación impacta en la reputación y el valor agregado de sus productos.
Además de estos organismos, la disolución de otros entes como el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI) también afectará a sectores productivos fundamentales en Mendoza, alterando programas de asistencia técnica y financiamiento.
La provincia deberá coordinar de cerca con las nuevas estructuras nacionales para asegurar la continuidad de servicios esenciales y el apoyo a sus sectores productivos, en un contexto donde la eficiencia y la reducción del gasto público son las prioridades del Gobierno central.
