Javier Milei firmó los vetos a las leyes de aumento de jubilaciones y discapacidad que habían sido aprobadas por el Congreso. Los vetos serán publicados en el Boletín Oficial, lo que inicia un proceso en el que la oposición podría intentar insistir con las leyes, aunque se necesitaría una mayoría de dos tercios, algo que, según se anticipa, no ocurrirá en la próxima sesión.
El Poder Ejecutivo decidió dilatar la firma de los vetos, a pesar de que las normas ya habían sido aprobadas en el Senado en julio. Esta maniobra buscaba evitar que el debate regresara rápidamente a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme que la oposición logre los votos necesarios para rechazar el veto presidencial.
Mientras tanto, el gobierno de Milei ha iniciado negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados para asegurar que el veto se mantenga. Para lograrlo, están ofreciendo beneficios como la entrega de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros acuerdos políticos, con la mira puesta en las elecciones nacionales de octubre.
El principal argumento del Ejecutivo para vetar las leyes es su "inviabilidad fiscal". El gobierno sostiene que estas normas son contrarias a su plan de ajuste estructural, cuyo objetivo principal es alcanzar el déficit cero. El presidente Milei ya había adelantado públicamente que vetaría cualquier proyecto de ley que implicara un aumento del gasto público.
Las dos leyes vetadas son:
Ley de Movilidad Jubilatoria: promovida por la oposición, esta ley proponía una fórmula de aumentos que combinaba la inflación con mejoras salariales, garantizando un piso de incremento mensual. Esto contrasta con el actual esquema del gobierno, que usa actualizaciones por decreto.
Emergencia en Discapacidad: esta ley buscaba declarar una emergencia en el sector para asegurar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Surgió a raíz de los reclamos de organizaciones de personas con discapacidad por los recortes y la interrupción de pagos y servicios.
