Una nueva controversia sacude al Ministerio de Defensa y a su titular, Luis Petri. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una fuerte acusación contra el ministro y candidato mendocino al Congreso, exigiendo una investigación por un supuesto contrato millonario entre el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la droguería Suizo Argentina.
Según el gremio, liderado por Rodolfo Aguiar, el acuerdo por 50.000 millones de pesos podría ser un “grave hecho de corrupción” que está llevando al colapso a la mutual. Aguiar sostiene que, al asumir la gestión de Petri, la obra social tenía 25.000 millones de pesos en ahorros que “se gastaron en medicamentos y no se entregaron a los afiliados”, lo que ha provocado el corte de prestaciones y el desabastecimiento en hospitales militares.
ATE vincula directamente a la droguería Suizo Argentina con el escándalo de las presuntas coimas que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El sindicato acusa al Gobierno de Javier Milei de “robar la plata que tenía que estar destinada a los beneficiarios” y de llevar a la obra social a una de sus peores crisis.
Sin embargo, en respuesta a estas acusaciones, IOSFA emitió un comunicado oficial desmintiendo “categóricamente” las versiones difundidas por ATE. La obra social asegura que su relación comercial con la droguería Suizo Argentina “es previa a la actual gestión y se mantiene desde hace varios años”, lo que descartaría cualquier nexo irregular con la conducción actual.
IOSFA aclara que no tiene convenios directos con ninguna droguería, ya que sus compras se realizan a través de Licitaciones Públicas o Compulsas de Precios, procesos que son “públicos y abiertos a cualquier oferente”. La administración señala que actualmente tienen registro de compras a 56 droguerías y que la Suizo Argentina ha sido desestimada en licitaciones recientes.
El instituto reafirma que su prioridad es “sanear y fortalecer al IOSFA sobre la base de criterios de transparencia, eficiencia y sostenibilidad financiera”, y rechaza la “utilización política de la salud de nuestros afiliados”.
Mientras ATE anuncia que definirá medidas de fuerza y pide ampliar la investigación a la luz de audios filtrados de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo se defiende y mantiene su postura de que se trata de acusaciones infundadas. La polémica está instalada y la Justicia deberá ser la encargada de determinar la veracidad de las denuncias que han puesto bajo la lupa al ministro de Defensa.
