Golpe para el oficialismo
Diputados le dio media sanción al financiamiento universitario y a subir los salarios del Garraham
Los bloques opositores consiguieron quórum con la presencia de 131 legisladores en la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados aprobó hoy en general el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, y otorgó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que rechaza esa iniciativa.
Pero también aprobó con el apoyo de más de los dos tercios de los presentes el proyecto de ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica y que le ordena al Poder Ejecutivo aumentar los salarios del personal y de los médicos residentes del Hospital Garrahan, en conflicto desde hace varios meses por falta de financiamiento.
El proyecto fue aprobado en general por 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. El rechazo a la iniciativa quedó reducida al oficialismo libertario, gran parte de la bancada de Pro y algunos radicales y provinciales aliados de la Casa Rosada. Apenas unas horas antes y también por abrumadora mayoría, la Cámara baja le había dado luz verde al aumento en el financiamiento universitario.
Ambos proyectos serán girados al Senado en las próximas horas y tienen un panorama auspicioso para su sanción definitiva, sobre todo por el mal momento que atraviesa el oficialismo con los gobernadores dialoguistas, quienes ofician de garantes del éxito de La Libertad Avanza (LLA) en ambas cámaras.
La iniciativa del financiamiento universitario fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI.
También se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.
El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento para establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.
Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.
A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
El debate inició pasadas las 12 después de una serie de cuestiones de privilegio y la exclusión del temario oficial del proyecto de declaración de emergencia en Bahía Blanca, tras una moción pedida por la diputada del PRO, y aliada incondicional de LLA, Silvana Giudici.
La primera en abrir la discusión por la discusión universitaria fue la diputada Blanca Osuna, de Unión por la Patria (UxP), quien aseguró que “el presupuesto educativo es el más bajo en dos décadas” y consideró que “el sistema educativo Nacional está vapuleado y maltratado”.
“Ha sido empobrecido con políticas aplicadas de degradación creciente”, agregó Osuna.
Danya Tavela, de Democracia para Siempre, dijo que la mayoría de nosotros de los diputados están “formados en el sistema universitario argentino”.
“Es una responsabilidad también moral que tenemos para quienes nos precedieron y nos dieron esa oportunidad”, resaltó y calificó sobre el final al Gobierno como “corrupto e insensible”.
En defensa de la Casa Rosada, la diputada Mercedes Llano, de LLA, afirmó que los proyectos en cuestión “plantean recomposiciones retroactivas, actualizaciones automáticas de partidas asignadas a gastos de funcionamiento universitario, sin determinar cómo se solventarán los mayores costos que conllevan”.
Para Llano, las iniciativas afectan “la política de déficit fiscal cero del Gobierno” y se contraponen “al artículo 38 de la Ley de Administración Financiera”, según el cual toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.
Mientras que el diputada Carlos Zapata, del mismo bloque, sostuvo que el proyecto es “antojadizo y traído de los pelos”.
“Tiene el objetivo de limar las bases del equilibrio”, resaltó.
Al cruce le salió el diputado del radicalismo porteño Martín Tetaz, quien afirmó que “es cierto que la ley de administración financiera es muy clara respecto de que si un proyecto de un diputado genera un gasto nuevo que no estaba antes, debe indicar de dónde sale la fuente financiera de ese gasto, eso es absolutamente correcto”.
“Pero es que acá no hay ningún gasto nuevo. No se trata de crear universidades nuevas que implican más presupuesto. No estamos proponiendo un gasto nuevo, señor presidente, en esta discusión de financiamiento universitario”, sintetizó Tetaz en respuesta de los libertarios.
El diputado de Coalición Cívica Maximiliano Ferraro afirmó que la administración libertaria tiene una política de “desprecio” de la universidad pública, durante el debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto que otorgó fondos a las casas de altos estudios.
“Estamos en una crisis fabricada y deliberada. La política de educación de este Gobierno es claramente el desprecio a la universidad pública. Estamos en una situación que atraviesa el sistema universitario público que no es el resultado de un error. No es un problema técnico que estamos discutiendo”, dijo Ferraro.
Para el legislador, están “discutiendo financiamiento, salarios dignos para docentes y no docentes”, pero también “una cuestión conceptual, filosófica, de lo que se juega en la Argentina en este momento y para los próximos tiempos”.
Tras la media sanción del proyecto, LLA expresó desde sus redes sociales, por toda respuesta, que “el superávit fiscal no se negocia”.
