Cornejo triplicó el gasto en pauta oficial: $6 mil millones en solo cuatro meses

El gasto en pauta oficial en Mendoza se triplicó en el segundo cuatrimestre del año. En los primeros cuatro meses del 2025 el gobierno de Alfredo Cornejo había gastado 2.300 millones de pesos, pero entre mayo y agosto la cifra se disparó a 5.990 millones de pesos. Las tres empresas que más cobraron son InMendoza, MDA Consultora y DNY Consultores, las tres vinculadas al empresario Santiago Durany. Esas tres firmas acumularon más de 1.260 millones de pesos en solo cuatro meses.

El dato se desprende del informe presentado por la Contaduría General de la Provincia ante la Legislatura pero solo en lo que respecta al gobierno provincial. Es decir, no contempla los gastos de entes descentralizados como OSEP, Aysam, Irrigación, Casino, ATM y Municipios.

La cifra es apabullante. Lo gastado en cuatro meses en pauta oficial supera las inversiones anunciadas por el propio Cornejo para el desarrollo de todo el perilago de Potrerillos. El gobernador encabezó un acto -que generó indignación en el club de Kitesurf porque destruyeron el entorno con topadoras- y anunció que privados invertirán 5000 millones de pesos en los próximos años para brindar servicios en uno de los puntos turísticos más atractivos de Mendoza. Es decir que con lo que gasta en cuatro meses el gobierno en pauta se podrían desarrollar la costa norte y la costa sur y todavía sobrarían 990 millones de pesos. 

Marcos Neirotti, de la ONG Fiscalía Ciudadana hizo públicos los datos e identificó a quién corresponde cada número de proveedor. Así es como se puede observar que InMendoza pica en punta con 491.5 millones de pesos, seguida por MDA Consultora con 393.3 millones de pesos y DNY con 377.7 millones de pesos. El cuarto lugar es para Cuyo Televisión (Canal 9) con 327.6 millones de pesos y el top five lo cierra Diario Uno con 263.2 millones de pesos.

Esta semana El Medio reveló las conexiones que existen entre Inmendoza, MDA y DNY, empresas que tienen como leit motiv a Santiago Durany. Entre los años 2014 y 2024 esas empresas facturaron más de 32 millones de dólares en concepto de pauta oficial, solo de la administración central. 

El salto sideral entre lo gastado en el primer cuatrimestre y lo desembolsado en el segundo cuatrimestre se da justo en un contexto de campaña con un proceso electoral en marcha. Históricamente en los años electorales el gasto en pauta oficial tiende a ser mayor que en años en los que no hay comicios.

Discrecionalidad y leyes que no se cumplen

La pauta oficial se maneja sin proceso licitatorio y se distribuye por contratación directa. A pesar de que existen leyes que apuntan a transparentar el gasto y exigir que haya una justificación del mismo, esas normas no se están cumpliendo.

La ley 6496 del año 1997 -que pese a estar vigente es como si no existiese. En concreto, obligaba a presentar en la Legislatura “Informes bimestrales de gastos de publicidad realizados por la administración pública provincial”. Tanto de la administración central como de todos los entes descentralizados.

Además de ello, el decreto 8 firmado en el año 2001 por el exgobernador Roberto Iglesias tenía por objetivo "ordenar el procedimiento de contratación de los servicios publicitarios a realizar por parte de los organismos dependientes del Estado Provincial". En aquel entonces se dispuso que la coordinación Coordinación de Comunicación, Prensa y Difusión del gobierno provincial tenía entre sus facultades y obligaciones "dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 6496". No se cumplió y la opacidad ha sido transversal a todos los gobiernos.

Incluso a pesar de que la ley de administración financiera (8706) regula el mecanismo de la contratación directa que se utiliza (según autoriza el inciso l del artículo 144) para "publicidad oficial, como asimismo los servicios componentes de la producción y emisión de publicidad". Esa ley deja claro que las contrataciones "deberán estar debidamente fundadas y acreditarse la causal que la habilita e instrumentarse conforme lo que establezca la reglamentación". ¿Cuál es el criterio que fundamenta las contrataciones? ¿Por qué medios sin visitas reciben millones de pesos? ¿De que forma se acredita la causal de la erogación? La respuesta ante esas preguntas es el silencio.

Pero esas no son las únicas normas que son ignorada por las autoridades. La ley 8462 sancionada en el año 2012 establece que ni el gobierno provincial ni los municipios ni los entes descentralizados pueden destinar pauta a empresas que no cumplen con la legislación social que ampara los derechos de los trabajadores de prensa. Esa obligación tampoco es cumplida.

En la actualidad la Contaduría General de la provincia presenta informes cuatrimestrales en la Legislatura pero sin justificar el gasto. Solo informa el monto que se le transfirió a cada proveedor y no se cumple el artículo 82 de la ley 8701 que ordena que también rindan cuentas los Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados.