El agujero negro de la pauta oficial del gobierno

Millones de dólares son los que se distribuyen todos los años de forma discrecional. No hay un criterio claro que explique cómo reparte la pauta publicitaria el gobierno provincial y tampoco un control exhaustivo sobre quiénes son los que la reciben. Solo en el primer cuatrimestre del año el gobierno gastó más de 2.300 millones de pesos en pauta oficial. En la lista aparecen grandes medios pero también sitios fantasmas con puñados de visitas, consultoras, periodistas y clubes. Existen leyes que intentan regularla pero no se aplican y los proyectos que se han presentado para aportar transparencia no han sido tratados. 

Nada es casual. La pauta publicitaria ha cumplido fines que poco tienen que ver con la promoción de actos de gobierno. El más conocido es el de controlar a los medios de comunicación y una clara muestra de ello se vio hace exactamente un mes, cuando se confirmó un aumento del 42% en el sueldo del gobernador, funcionarios y legisladores. La noticia no salió publicada ni en Los Andes, ni en Diario UNO ni en MDZ. En las redacciones los periodistas solemos resumir esa situación con una frase: sonó el teléfono. Quiere decir que autoridades del medio -o incluso los dueños- reciben un llamado y se baja la orden de que la información no se publique.

La pauta le permite al gobierno de turno presionar para callar noticias incómodas, pero además hay que agregar que la falta de control también facilita que se convierta en una masa de dinero que muchas veces llega a manos amigas sin que exista justificación.

A pesar de que hay una ley que obliga a los entes estatales a justificar por qué se le está pagando a un medio en particular, desde hace años que eso no se cumple. Cuando el radicalismo era oposición, le exigía al PJ que cumpliera con esa norma y, ahora que la UCR gobierna, son el peronismo y otros partidos de la oposición los que se quejan de la falta de transparencia en el manejo de la pauta publicitaria.

Los montos son exorbitantes. Entre el 2014 y el año 2024 la cifra supera los 262  millones de dólares solo del gobierno central, sin tener en cuenta entes descentralizados y municipios. Según pudo reconstruir el ciudadano Marcos Adrián Neirotti a través de distintos pedidos de acceso a la información pública, en 10 años las consultoras DNY y MDA habrían cobrado (entre ambas) 31 millones de dólares en pauta, solo del gobierno provincial sin que exista licitación ni competencia de precios. Para dimensionar la magnitud de la partida se puede tener en cuenta que en ese mismo periodo de tiempo, el diario Los Andes percibió 13,8 millones de dólares y UNO Medios alrededor de 17 millones de dólares.

“Yo empecé con esto hace un año y medio y lo que se destaca por sobre todo es que hay miles de millones de pesos entregados a dedo, a discreción y sin cumplir la ley. Con eso hay un montón de opacidad y vaya a saber lo que esconden”, manifestó Neirotti en diálogo con El Medio. En concreto, hizo referencia a la ley 6496 del año 1997 que pese a estar vigente es como si no existiese.

Esa norma obligaba a presentar en la Legislatura “Informes bimestrales de gastos de publicidad realizados por la administración pública provincial”. Es tan burda la omisión a su cumplimiento que el titular de la Oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, afirmó que no es una norma que se encuentre en vigencia. El propio Senado terminó desmintiendo esa afirmación.

Además de ello, el decreto 8 firmado en el año 2001 por el exgobernador Roberto Iglesias tenía por objetivo "ordenar el procedimiento de contratación de los servicios publicitarios a realizar por parte de los organismos dependientes del Estado Provincial". En aquel entonces se dispuso que la coordinación Coordinación de Comunicación, Prensa y Difusión del gobierno provincial tenía entre sus facultades y obligaciones "dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 6496". No se cumplió y la opacidad ha sido transversal a todos los gobiernos.

Incluso a pesar de que la ley de administración financiera (8706) regula el mecanismo de la contratación directa que se utiliza (según autoriza el inciso l del artículo 144) para "publicidad oficial, como asimismo los servicios componentes de la producción y emisión de publicidad". Esa ley deja claro que las contrataciones "deberán estar debidamente fundadas y acreditarse la causal que la habilita e instrumentarse conforme lo que establezca la reglamentación". ¿Cuál es el criterio que fundamenta las contrataciones? ¿Por qué medios sin visitas reciben millones de pesos? ¿De que forma se acredita la causal de la erogación? La respuesta ante esas preguntas es el silencio.

Pero esas no son las únicas normas que son ignorada por las autoridades. La ley 8462 sancionada en el año 2012 establece que ni el gobierno provincial ni los municipios ni los entes descentralizados pueden destinar pauta a empresas que no cumplen con la legislación social que ampara los derechos de los trabajadores de prensa. Esa obligación tampoco es cumplida.

En la actualidad la Contaduría General de la provincia presenta informes cuatrimestrales en la Legislatura pero sin justificar el gasto. Solo informa el monto que se le transfirió a cada proveedor y no se cumple el artículo 82 de la ley 8701 que ordena que también rindan cuentas los Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados. 

Proyectos que quedan archivados

A lo largo de los años también se han ido acumulando proyectos de ley que buscan normalizar el reparto de dinero en pauta pero que nunca fueron tratados. Cuando el radicalismo era oposición, el por entonces diputado provincial Luis Petri presentó junto a Tadeo García Zalazar y Daniel Dimartino un proyecto para regular el uso de la pauta publicitaria. Cuando ganó Cornejo las elecciones, el PJ que había hecho oídos sordos durante años a esos proyectos, presentó otros que iban en el mismo sentido quejándose de la falta de transparencia en el manejo de la pauta publicitaria. El exdiputado Javier Cofano lo hizo en 2017 y no fue el único. El actual diputado Germán Gómez pidió un informe detallado de la pauta publicitaria del año 2021 denunciando falta de transparencia en los actos de gobierno.

Pero incluso el PJ ha presentado un proyecto de ley firmado por legisladores kirchneristas que sostienen que la pauta “no debe ser utilizada como forma de propaganda de partidos políticos o del gobierno ni como medio de presión, de premio o castigo, para medios de comunicación o periodistas en función de sus líneas informativas y de opinión”. En concreto, el exdiputado Bruno Ceschin y otros firmantes destacaban que “su asignación debe basarse en principios esenciales como el interés general, la transparencia, razonabilidad, eficiencia, igualdad de acceso, no discriminación y racionalidad en el uso de los fondos públicos”.

Desde otras fuerzas políticas también han puesto la lupa sobre la discrecionalidad con la que el gobierno de turno distribuye millones de dólares en pauta publicitaria. La legisladora de La Unión Mendocina Cintia Gómez presentó un proyecto pidiendo que Alfredo Cornejo suspenda la pauta publicitaria al igual que hizo el presidente Javier Milei a nivel nacional.

Mientras tanto, la actual diputada nacional del PD, Mercedes Llano fue otra legisladora que también hizo un esfuerzo en vano por lograr que se regularice el uso discrecional que hace el gobierno de esos fondos. En sus proyectos afirma que “el manejo arbitrario y oscuro de la pauta publicitaria afecta un pilar de la democracia local: el derecho a la información”. No solo por la falta de cumplimiento de la ley 6496, sino también por la omisión parcial de la obligación contemplada en la ley 9033 de año 2018 que obliga a la Contaduría General de la Provincia a remitir cuatrimestralmente a la Legislatura un “anexo con el detalle del gasto en el grupo de insumo Publicidad y Propaganda". Según expresó Llano cuando formaba parte de la Legislatura provincial, los informes adolecían del detalle solicitado por la norma.

Al igual que Neirotti, Mercedes Llano puso el foco sobre los montos desorbitantes que cobraron durante el trienio 2019-2021 MDA Consultoras y DNY Consultores. “Una vez descifrados los beneficiarios, se corroboró una concentración notoria en consultoras (MDA CONSULTORA S.A., D.N.Y. CONSULTORES S.A.) y medios locales así como en empresas privadas (YacopiniMotors SA), sin posibilidad de identificar criterios de distribución- como la verificación de la circulación de los medios- o la utilidad del gasto”, remarcó Llano en el proyecto presentado en el año 2023. En el mismo enumera otros tantos expedientes que se iniciaron por el tema pauta y que nunca tuvieron tratamiento.

El tema es tabú en la provincia. No solo los medios masivos de comunicación cobran millones de dólares en pauta, sino también portales fantasmas que reciben dinero a pesar de que prácticamente no tienen visitas. “En los municipios y entes descentralizados el esquema es similar pero a menor escala”, denuncia Marcos Neirotti dejando claro que la mecánica no se acota solamente a Casa de Gobierno. Es decir, los 260 millones de dólares son solo la punta de un iceberg.