Mendoza era una provincia que presumía ser distinta a la mayoría. Todavía las campañas publicitarias la muestran como un destino cool, se vende en Buenos Aires como un faro de institucionalidad y el gobernador se jacta de gobernar una provincia en la que los piquetes dejaron de existir mucho antes de que Javier Milei llegara a la presidencia. Pero mientras Alfredo Cornejo ordena detener a ambientalistas que protestan contra la minería, las consecuencias del avance del narcotráfico son cada vez más evidentes. Y el caso de la niña de 11 años baleada en Godoy Cruz es tan crudo como el silencio del gobierno sobre lo que pasa en las cárceles de Mendoza y la complicidad de integrantes del servicio penitenciario.
El narcotráfico es un tema del que el gobernador no habla. Pero mientras el silencio impera como norma y funcionarios se ofuscan cuando alguien compara a Mendoza con Rosario o el conurbano bonaerense, cada vez son más los síntomas que demuestran las consecuencias de no abordar el problema con la seriedad que necesita.
Mujeres dan a luz a bebés a los que se les detecta cocaína en sangre, aumentan la cantidad de suicidios vinculados a consumos problemáticos, todas las mañanas alguna vidriera de negocios de la Ciudad es vandalizada por adictos que roban lo que pueden para seguir consumiendo. Pero pareciera que ocultar el problema es suficiente para el Ejecutivo.
Lo más grave, es que la provincia empieza a aprender a convivir con estas cosas. Las naturalizamos. Dejan de sorprendernos. Y el caso de la niña baleada en Godoy Cruz es solo un ejemplo más de lo que hace tiempo viene ocurriendo.
Todo indica a que la pequeña fue víctima de un ajuste narco vinculado a su padre que está detenido desde hace años en Almafuerte. Problemas en el penal llevaron a que se orqueste un ataque contra la vivienda de Marcelo Agüero al que ya habían amenazado con balear a uno de sus hijos.
La trama involucra a agentes penitenciarios, sospechados de facilitar el ingreso de estupefacientes al penal para que un grupo de internos se encargue de su comercialización. Como si fuese un capítulo de "El Marginal" o su nueva versión "En el Barro" nos enteramos de que desde el penal mandan a dispararle a una criatura inocente por problemas carcelarios. Pero no pasó en Rosario ni en el conurbano. Pasó en el barrio Los Cerrillos de Godoy Cruz.
Esta semana un concejal opositor de ese departamento, Martín González, publicó un artículo en el que denuncia que el Ministerio de Seguridad intenta ocultar la realidad al hablar de homicidios por ajustes de cuentas sin contemplar todo lo que eso engloba. "Separar los homicidios bajo la etiqueta de ajuste de cuentas no es un ejercicio estadístico; es un mecanismo de ocultamiento. Es el maquillaje para tapar lo que los vecinos sufren a diario: el avance imparable del narcotráfico y una guerra de bandas que ya no conoce límites", manifestó González.
El deterioro del tejido social es evidente y es cierto que forma parte de un fenómeno que se da a nivel nacional. Pero la pasividad y la negación del Ejecutivo para abordarlo merece un llamado de atención. No debemos naturalizar lo que antes nos escandalizaba.
