La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para prohibir el uso de celulares en las cárceles, con el fin de frenar los delitos que organizan los presos que arman estafas virtuales o lideran bandas del crimen organizado.

La iniciativa es impulsada por la diputada libertaria Silvana Giudici, para reformar la ley 24660 a fin de impedir que se pueda usar dispositivos móviles, ya que en el Gobierno de Alberto Fernández se permitió por la pandemia el uso de celulares para que  los presos puedan comunicarse con sus familiares.

Guidici señaló que si bien resoluciones judiciales y del Ministerio Público Fiscal han ordenado la prohibición de uso de telefonía celular en las cárceles, “es necesario implementar dicha restricción mediante una ley de carácter general y complementaria del Código Penal de la Nación como es la Ley 24.660 referida a la Ejecución de la pena privativa de la libertad.”

El proyecto establece que se prohíbe  la “tenencia, uso, facilitación, comercialización,  o introducción por cualquier medio, de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, o routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación, por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios”

Establece que sólo podrán usar el equipamiento informático instalado y expresamente autorizado por la autoridad penitenciaria competente, en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado.

“El uso de dispositivos móviles en las cárceles se ha transformado en una fuente delictiva, posibilitando que los internos cometan ilícitos desde el interior del penal, llegando a tener un grave impacto sobre las personas del exterior y, en muchos casos, contribuyendo al sostenimiento de bandas de delincuencia organizada que son lideradas por los propios internos”, sostuvo Giudici, en los fundamentos de la ley.

También señaló que se ha detectado que desde las cárceles se realizan “estafas virtuales, donde el uso más común es a través de llamados telefónicos o simulando ser funcionarios públicos para solicitar transferencias de dinero” y señaló que se manejan organizaciones criminales, se planifican atentados, y hay acceso a cuentas bancarias y billeteras virtuales de manera ilícita.

Recordó que en el 2017 cuando gobernaba Mauricio Macri se modificó la ley 26.660 se estableció la prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles, y disponiendo la instalación de inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal

Señaló que a partir del 2020,  la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós se autorizó el uso de teléfonos en las cárceles argentinas, “inicialmente justificado por la pandemia de COVID-19 y la suspensión de visitas, generando controversia por la falta de control sobre los líderes narcos y las bandas de crimen organizado que podrían continuar con la comisión de delitos libremente desde los penales”.

Recordó que hubo denuncias de delitos desde las cárceles entre el 2020 y el 2022, aunque señaló que hubo un caso más reciente a fines del 2025 que fue el del  soldado Rodrigo Gómez que se suicidó en la Quinta de Olivos.

Destacó que, como consecuencia de la investigación judicial, se detuvo a “tres mujeres a las que se las acusa de extorsionarlo a través de aplicaciones, como también a otros tres hombres que operaban desde los penales de Magdalena y Olmos (ambos penales dependientes del servicio penitenciario bonaerense)”.

La iniciativa fue firmada por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio “Tronco” Figliuolo, Marilú González Estevarena, Patricia Holzman, César Treffinger, Patricia Vázquez, Alejandro Fargosi, Alejandro Bongiovanni, Carlos Zapata, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Giselle Castelnuovo.