Una organización criminal que realizaba extorsiones sexuales fue desbaratada en la provincia de Mendoza, luego de haber extorsionado a un hombre al que le dijeron que habló con una menor de edad y después simularon la muerte de la joven, por lo que la víctima terminó por pagar $2 millones.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, ante la búsqueda de combatir estafas virtuales, con la participación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

La causa inició en noviembre de 2025 en la provincia de Chubut, a causa de una denuncia que acusaba de una estafa contra un vecino de Cholila, quien fue contactado por Facebook por una mujer que se hacía llamar “Carla”, siguieron la conversación vía Whatsapp y después de intercambiar mensajes e imágenes, la supuesta joven manifestó ser menor de edad y cortó el contacto.

Tiempo después, un hombre se presentó ante el denunciante, dijo que era el padre de la supuesta menor, exigió dinero bajo amenaza de denunciarlo y argumentó que su hija habría intentado quitarse la vida por lo que necesitaba ayuda psicológica urgente.

Como si fuera poco, personas que afirmaban ser abogados y hasta un fiscal enviaban documentación trucha, donde incluyeron un supuesto amparo por “ciberacoso” y un acta de defunción, donde aseguraron que la joven se habría suicidado producto de la situación.

Finalmente y tras fuertes presiones, la víctima realizó varias transferencias bancarias a los estafadores, por un monto de $2 millones.

Por tanto, los efectivos de la División Unidad Operativa Esquel analizaron los movimientos bancarios y reconstruyeron la ruta del dinero al identificar los fondos que eran derivados a allegados de un interno alojado en una celda del Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte, señalado como presunto organizador de la maniobra.

También se detectó un domicilio del barrio La Gloria, de Godoy Cruz, donde residirían otros dos integrantes de la banda.

Con el material probatorio, el juzgado interviniente ordenó los allanamientos que fueron realizados con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la PFA, donde se identificó y notificó de la causa a los investigados, argentinos y mayores de edad.

Además, en el procedimiento se secuestraron 2 notebooks, 8 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.