Ayer juraron las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura y el juez José Valerio dejó por escrito los argumentos que justifican su voto en disidencia a la designación de Julio Gómez como presidente y Norma Llatser como vicepresidenta. En concreto, fue muy crítico de la forma en la que se está evaluando a los aspirantes a magistrados y llamó a trabajar para impulsar una reforma legislativa que termine con la discrecionalidad.

"Si la ley vigente habilita la evaluación técnica sin puntaje y concentra el sesenta por ciento (60%) del puntaje de manera discrecional en el propio Consejo, ninguna acordada ni reglamento puede revertir esa arquitectura normativa. Solo una reforma legislativa puede restablecer la distribución equitativa del puntaje a asignar para asegurar", manifestó en su voto. Además, agregó que debería incorporar expresamente la prohibición de que quienes hayan ejercido efectivamente la representación, aunque su designación o lección formal lo sea como titular o como suplente no puedan ser redesignados o reelegidos en forma inmediata ni como titulares ni como suplentes.

En este sentido, José Valerio remarcó que la Corte Suprema de la Nación ha realizado un diagnóstico similar e invitó a las jurisdicciones provinciales a transparentar el mecanismo de selección de los magistrados. Por eso, insistió en que es la Suprema Corte la que debe encarar un proceso de reforma de la ley que regula el Consejo de la Magistratura.

"El deber de ejercer la iniciativa legislativa es un imperativo institucional ineludible antes de designar al representante. De lo contrario, este Tribunal estaría convalidando las reglas de juego que garantizan que el sesenta por ciento (60%) del puntaje en las decisiones más relevantes -quiénes serán los jueces, fiscales, defensores y asesores de los mendocinos- se sigan adoptando en forma discrecional y secreta, perpetuando el peregrinar de los concursantes a las verdaderas entrevistas personales previas a la ficción de entrevista en el Consejo, quienes seguirán obligados a ejercer la autocensura, simular complacencia y conformarse a las decisiones con sesgos personales y/o sectoriales -de distinta fuente-, promoviendo y profundizando la espiral del silencio, como asimismo se mantendrán las reglas que habilitan la conformación de grupos o camarillas y que genera disciplinamiento o autodisciplinamiento que pone en riesgo o destruye la independencia de los jueces, los tribunales, y del sistema de justicia. Designar representante en esas condiciones no es ejercer una atribución constitucional: es avalar institucionalmente un sistema que viola el mandato del art. 150 de la Constitución Provincial y los estándares internacionales de independencia judicial que este Tribunal tiene el deber de preservar", advierte Valerio.

"En cambio, si este Pleno ejerce previamente su atribución constitucional de iniciativa legislativa, el Ministro que finalmente sea designado para integrar y presidir el Consejo de la Magistratura lo hará en un marco radicalmente distinto: con reglas de juego objetivas, transparentes y previamente publicadas; con una evaluación técnica que asigne puntaje real y construya un orden de mérito fundado en la idoneidad acreditada; con una discrecionalidad acotada que no supere el veinticinco por ciento (25%) del puntaje total; y con una entrevista personal pública que elimine el secreto y el denigrante peregrinar previo. En ese escenario, presidir el Consejo de la Magistratura dejará de ser conducir un sistema que habilita influencias e interferencias para convertirse en lo que la Constitución Provincial siempre quiso que fuera: garantizar que en definitiva los mejores sean quienes finalmente administren justicia en Mendoza", concluyó Valerio.

"Solo cuando se haya transitado ese camino este Pleno, entiendo que se estará en condiciones de designar a uno de sus Ministros para integrar y presidir el Consejo de la Magistratura con la legitimidad social que la gravedad de la situación exige. No se trata de cumplir formalidades: se trata de ejercer la función con responsabilidad institucional, honrando el mandato constitucional de garantizar un servicio de justicia independiente, transparente y eficiente, seleccionando con rigor objetivo a quienes deberán ejercer las funciones de jueces, fiscales, defensores y asesores de los mendocinos. Esa es la única designación que esta sociedad merece y que esta Constitución exige", finalizó.