Mercedes Rus sale a decir que el Consejo de la Magistratura funciona bien, pero deja en evidencia que ni siquiera sabe cómo se toman los exámenes. Funcionarios y legisladores defienden narrativamente la institucionalidad de Mendoza, pero sin decir nada sobre las acusaciones contra Marcelo D'Agostino o el patrimonio de Rodolfo Suarez. El país pide que Manuel Adorni explique cómo compró viviendas y viajó a Aruba siendo funcionario público, pero en Mendoza se bloquean pedidos de informes para que Rodolfo Suarez justifique por qué no declaró la lujosa residencia que construyó en el exclusivo paraje de Cresta de los Bayos en La Carrera. Suarez, que aún siendo gobernador viajó a Aruba con su familia un mes antes del cambio de banda. Mendoza, la cuna de la libertad y el bastión de institucionalidad se ha convertido en un meme.

Con frases hechas y retórica literaria salen los soldados del cornejismo a cuestionar a los que ponen en duda la independencia del Poder Judicial y los órganos de control. Atacan a los críticos, pero no dicen nada sobre las evidencias que ellos exponen. Dalmiro Garay "exhorta" a la prensa libre a dar nombres y apellidos y rápidamente le llueven sobre su cabeza. El caso Marcelo D'Agostino, irónicamente, estalló justo después de los dichos de Garay. Una denuncia que además de acusar al exsubsecretario de Justicia por delitos graves como abuso sexual con acceso carnal, expone la injerencia que D'Agostino decía tener sobre el Ministerio Público, la Corte y el Ministerio de Seguridad.
Cuando se hace difícil esconder la mugre, rápidamente se busca cuestionar la entereza del que la ha denunciado. Se mezclan los temas para desviar la atención. Pero cuando entran en escena figuras de renombre que tienen espalda y pergaminos para opinar con solvencia, las críticas duelen el doble. "Es la primera vez que escucho que el presidente de la Corte tiene que salir a decir que la Corte es independiente", explica el constitucionalista Alejandro Pérez Hualde. "Dime que presumes y te diré de que careces", reza el dicho popular".
A veces vale la pena prestarle más atención a los silencios que intencionalmente esconde el ruido. Los legisladores y funcionarios que son parte del gobierno y que le deben gran parte de su nivel de vida a su pertenencia a la gestión, critican y golpean a los "díscolos" que se atreven a cuestionar la calidad institucional de Mendoza. Pero no opinan sobre lo que se está criticando. "No maten al mensajero", otra frase repetida que se puede citar para sintetizar el caso.
¿Por qué el país entero cuestiona el nivel de vida de Manuel Adorni y en Mendoza el oficialismo -y la mayoría de los medios- no dice nada sobre el patrimonio de Rodolfo Suarez? El exgobernador de Mendoza, que cobraba un sueldo de funcionario público y hasta se lo había recortado durante la pandemia, compró dos lotes de una hectárea en Cresta de los Bayos en el año 2021. Cada lote tiene un valor de mercado de 100 mil dólares, pero además construyó una enorme vivienda de 450 m2 en la cima del cerro junto a dos proveedores del Estado. ¿En una provincia institucionalmente intachable, no debería indagarse el origen de los cientos de miles de dólares para esa inversión?

Rodolfo Suarez no declaró esa casa ante la Oficina Anticorrupción ni tampoco lo hizo en ATM. Los lotes tenían un avalúo de 2000 pesos hasta que El Medio reveló lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la Legislatura no le dio lugar a los pedidos de informes presentados por el senador Martín Rostand. La misa Legislatura que denunció a Francisco Pérez para que explique de dónde sacó la plata para comprar un departamento en las Torres Agustinas siendo gobernador, ahora protege a Rodolfo Suarez para que no justifique su patrimonio.
De eso ninguno de los soldados cornejistas de letras punzantes a salido a escribir ni una sola línea. Parece aplicar aquí otra frase trillada: "no muerdas la mano que te da de comer".
En Mendoza el Ministerio Público Fiscal es expeditivo para procesar a adversarios del gobierno y es obsecuente cuando el acusado es un cornejista. En Mendoza el Tribunal de Cuentas cambia el criterio y la forma de sancionar de forma caprichosa protegiendo al oficialismo. En Mendoza existe un alto grado de discrecionalidad en el mecanismo para nombrar jueces. En Mendoza existe censura en los medios para no publicar, por ejemplo, imágenes de detenciones en marchas de ambientalistas. En Mendoza el presidente de la Suprema Corte es el exministro de Gobierno de Alfredo Cornejo. En Mendoza el presidente del Tribunal de Cuentas es el expresidente de la Cámara de Diputados de Alfredo Cornejo. En Mendoza el auditor de Ética Pública es un exsenador radical nombrado por Alfredo Cornejo.
En Mendoza, está en crisis la independencia del Poder Judicial y los órganos de control.