Un nuevo escándalo salpica a la investigación contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. La querella pidió la remoción de los fiscales que instruyen la causa y expusieron que el fiscal Alejandro Iturbide es compañero de cátedra desde hace 15 años del abogado defensor de Marcelo D'Agostino. "El fiscal que debe investigar al imputado es el subordinado del abogado que lo defiende", subraya la abogada querellante.

"No se trata de dos colegas que se cruzan de vez en cuando, sino que es una relación mucho más seria. El abogado defensor,  Daniel Sosa Arditi, es el Profesor Adjunto de la cátedra. El Fiscal en Jefe, Alejandro Iturbide, está por debajo de él, como Jefe de Trabajos Prácticos. Dicho en términos simples, dentro de la universidad el fiscal que debe investigar al imputado es el subordinado del abogado que lo defiende. Comparten el dictado de la materia, planifican juntos el programa y firman juntos las actas de examen, año tras año, desde 2010 hasta hoy", afirma la abogada María Elena Quintero.

Lo más grave es que el fiscal nunca puso en conocimiento esta situación ni se apartó de intervenir en la causa. "La querella tomó conocimiento de este vínculo recién ahora, al revisar por casualidad una documentación universitaria, y por eso lo plantea como un hecho nuevo. El fiscal, en cambio, no podía ignorarlo, porque es uno de sus protagonistas. Nadie desconoce con quién comparte cátedra durante quince años. Sin embargo, el Dr. Iturbide nunca se apartó de la causa ni avisó de esta relación, y siguió dirigiendo la investigación como si no existiera", cuestionaron los representantes de la mujer que denunció a Marcelo D'Agostino por violencia de género y abuso sexual con acceso carnal.

La decisión del fiscal Alejandro Iturbide es más cuestionable si se tiene en cuenta que otros profesionales se inhibieron de intervenir por haber sido compañeros de la facultad del imputado.  "Para la querella, este vínculo explica un patrón que hasta ahora parecía inexplicable. A lo largo de la investigación, cada pedido de la defensa fue atendido de inmediato, mientras que los pedidos de la víctima fueron demorados, rechazados o directamente ignorados", esgrimen.

“Resulta institucionalmente inadmisible que un funcionario judicial controle la legalidad de los actos de quien, en la universidad, es su superior jerárquico y lo evalúa como docente”, sostiene la ampliación de la denuncia en la que se solicita el apartamiento del fiscal Iturbide y la fiscal Valeria Bottini.