Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambia la movilización de mañana estipulada al Congreso de gremios y organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“Se sostiene la movilización”, le expresaron a Agencia Noticias Argentinas desde el entorno de uno de los dirigentes de la CGT, una de las centrales obreras que confirmó presencia en Parlamento.

En el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), grupo de gremios distanciados de la cúpula cegetista, el diagnóstico es similar al de la calle Azopardo: van a protestar frente el Parlamento a partir del mediodía ya que continúan en el texto aquellos artículos que consideran “nocivos”.

El combativo colectivo sindical menciona las partes del texto que determinan desalojos express para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, la limitación de la capacidad del Estado de realizar expropiaciones y las modificaciones en la ley de fuego para habilitar la venta de tierras quemadas, entre otros puntos. Con esas normativas en pie, el Fresu considera imprescindible mantener la movilización.

En la CTA Autónoma también apuestan a sostener lo planificado para este jueves y en las organizaciones sociales la idea es la misma: construir una gran marcha que refleje el malestar social contra el gobierno de Javier Milei.

Este miércoles a la mañana en la calle Azopardo, las tres centrales obreras armaron una conferencia de prensa para rechazar la normativa. Allí estuvieron el triunvirato cegetista compuesto por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T), quienes denunciaron que la iniciativa oficialista de flexibilizar los topes de venta de tierras a extranjeros es un intento de “ponerle un cartel de venta al país” para beneficiar a “unos pocos millonarios”.

“De lo que se trata de que cualquier capital que ingrese tiene que tener las consideraciones de no solamente cuidar los recursos naturales, sino también la de generar producción, desarrollo, empleo y salario digno. La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto del país”, manifestó Sola.

En la misma línea, Godoy aseguró que no se trata de una ley más, sino de “un proyecto de extranjerización, coloniaje y fragmentación” del país y de “vulnerar” los derechos de la clase trabajadora que responde “con organización, opinión firme y movilización popular en las calles”.