La plata no alcanza, salvo que se trate de pauta oficial. El gobierno de Alfredo Cornejo casi duplicó el gasto en pauta oficial en el primer cuatrimestre del 2026. Mientras que en el primer cuatrimestre del 2025 el gasto fue de más de 2.300 millones de pesos, en el primer cuatrimestre de este año ascendió a 4.119 millones de pesos. Es decir, hubo un aumento cercano al 80%.

Así consta en el informe que por ley presenta cada cuatrimestre la Contaduría General de la Provincia en la Legislatura. Al tope del ránking de beneficiados aparece Jesús Javier Sanmicheli (Jesús Plotter). A título personal y de la empresa Stickerman Mendoza S.A cobró casi 320 millones de pesos en los primeros cuatro meses del año. Lo llamativo es que cobró más que Canal 9 (Grupo Alonso) Grupo América (Canal 7) y las consultoras de Santiago Durany (MDA y DNY).

El año pasado el gobierno provincial gastó más de 15 mil millones de pesos en pauta oficial sin que exista justificación sobre el criterio con el que se contrata a proveedores o el servicio que le prestan al Estado. Este año todo indica que la cifra será mayor.

El oscurantismo en torno a la rendición de estos gastos millonarios es alarmante. El gobierno provincial se niega a dar a conocer los contratos con los proveedores así como tampoco los certificados por el cumplimiento de los servicios contratados. La Suprema Corte de Justicia tenía en sus manos la posibilidad de esclarecer esos circuitos pero finalmente decidió no hacerlo.

El 25 de octubre del 2024 la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública rechazó el recurso de incumplimiento interpuesto por Marcos Neirotti de la ONG Fiscalía Ciudadana en queja por las respuestas incompletas que recibía al requerir información vinculada a la pauta oficial. Según la ley 6496 sancionada en el año 1997, se deben presentar "informes bimestrales de gastos de publicidad realizados por la administración pública" y esos son los informes que solicitó. Como no los consiguió y la Oficina de Ética Pública le rechazó el recurso afirmando que la ley no está vigente, Neirotti presentó una Acción Procesal Administrativa ante la Suprema Corte.

El máximo tribunal le dio lugar y emplazó a la provincia a enviar los contratos firmados con DNY Consultores y MDA Consultora en en los años 2024 y 2025. También citó a declarar como testigos a los funcionarios responsables de la pauta oficial. Sin embargo, la provincia apeló esa decisión y la Corte finalmente terminó desistiendo esas medidas de prueba.

La desesperación del Ejecutivo para impedir que se abran los expedientes alimenta aún más las sospechas en torno al uso de la pauta oficial.

El informe de Contaduría General de la Provincia solo indica números de proveedores y hay muchos que aún no han sido públicamente identificados. Por ejemplo, el proveedor 108339 que en los primeros cuatro meses del año se llevó más de 136 millones de pesos en concepto de pauta oficial.

Los datos oficiales:

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