La investigación judicial y mediática sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó hoy un testimonio explosivo que complica la situación del jefe de Gabinete. Matías Tabar, el contratista responsable de la remodelación de su propiedad en el exclusivo country Indio Cuá, rompió el silencio en una entrevista radial y confirmó cifras que exceden largamente lo declarado hasta el momento. Según el constructor, el monto total de la obra ascendió a los 245.000 dólares, una cifra que contrasta drásticamente con los 85.000 dólares previstos en el presupuesto original. Tabar explicó que la suba se debió a constantes agregados y reformas solicitadas sobre la marcha, incluyendo una remodelación completa de la pileta y otros lujos que extendieron los plazos de ejecución más allá de lo habitual.

Lo más comprometedor del relato de Tabar radica en la modalidad de los pagos. El contratista admitió que la totalidad de la transacción se realizó en efectivo y que el propio Adorni le entregaba los dólares en mano. Asimismo, reconoció que no existió facturación por los trabajos realizados, justificando la irregularidad con una frase que ya genera polémica: "Ninguna persona en Argentina que esté construyendo declara todo". Esta confesión de informalidad fiscal, proviniendo de un vínculo directo con uno de los máximos responsables de la administración pública nacional, pone en el centro del debate la transparencia en el origen de los fondos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las altas esferas del Gobierno.

El testimonio se produce en un momento de extrema debilidad política para el vocero presidencial, cuya interpelación en el Congreso fue recientemente postergada en medio de crecientes cuestionamientos internos. Gobernadores aliados a la Casa Rosada ya han comenzado a advertir sobre el costo político que el "caso Adorni" está generando para la imagen de integridad que intenta proyectar la gestión de Javier Milei. Mientras la justicia evalúa las medidas de prueba tras estas declaraciones, la filtración de pagos por casi un cuarto de millón de dólares en moneda extranjera y sin registros legales amenaza con escalar hacia una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal agravada.