Este martes presentaron un proyecto de Ley en la Legislatura mendocina que tiene como objetivo prevenir, erradicar y sancionar, conductas y expresiones que promuevan la negación, justificación o reivindicación de la última dictadura cívico militar en Argentina.

El documento encabezado por la Diputada del Frente Renovador, Gabriela Lizana, apunta a erradicar los “discursos de odio” y propone “respaldar” la legislación internacional con rango constitucional -incorporada al Art. 75 de nuestra Constitución Nacional la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

En el proyecto se mencionan ejemplos como los que se encuentran en la legislación alemana, en la cual se castiga con multas o penas de hasta 5 años de prisión efectiva a quienes nieguen o banalicen los crímenes cometidos por el régimen nazi. 

En palabras de Lizana, los negacionistas “se amparan en el derecho a la libertad de expresión y se posicionan como portadores de otra versión de la historia, diferente a la oficial y verdadera”.

Así, en caso de aprobarse, quedaría sancionada toda “conducta negacionista”, entendida como “toda manifestación pública, deliberada e inequívoca, realizada por cualquier medio oral, escrito, gráfico, sonoro, audiovisual, radial, televisivo, telefónico, digital o tecnológico, en forma presencial o remota, que niegue, justifique, reivindique, glorifique, apruebe, banalice, relativice o minimice de modo manifiesto los hechos comprendidos en el artículo 1°, cuando resulte idónea para generar un contexto de discriminación, hostilidad, violencia o afectación a la dignidad humana o a la convivencia democrática”.

Además, desde el Frente Renovador proponen castigar las “manifestaciones públicas” negacionistas, la exhibición de simbología prohibida.

El proyecto también tiene como objetivo declarar como “sitios y referencias protegidas” aquellos monumentos o sectores vinculados a la “lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Nación y particularmente en Mendoza”. De esta manera, quedaría prohibido destruir, remover, alterar, profanar, agraviar o denigrar sitios y referencias protegidas.

Sanciones aplicables

Las penas variarían en función del delito cometido, aplicando apercibimientos en caso de delitos de "menor gravedad". Además, proponen aplicar suspensiones de uno a treinta días, sin prestación de servicios ni percepción de haberes, con obligación de capacitación, cuando la conducta sea pública, deliberada o se hubieren utilizado medios o ámbitos vinculados al Estado.

Por último designaron un artículo especial destinado al cuerpo docente en el cual se categorizarán como faltas disciplinarias y sancionadas, conforme el Estatuto del Docente, a las conductas mencionadas anteriormente.

Respecto de funcionarios públicos, autoridades superiores o cargos políticos cuya remoción se rija por normas constitucionales o especiales, las conductas previstas en la presente ley constituirán causal susceptible de dar lugar a los mecanismos de remoción previstos en la normativa aplicable para: Remoción; Cese o Revocación de designación. Además, el proyecto propone que quienes hayan sido sancionados con cesantías de cargos no podrán ingresar o reingresar a la Administración Pública Provincial por el plazo de diez años.

Órgano disciplinario

El proyecto de ley propone como "autoridad de aplicación" la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza o el organismo que en el futuro la reemplace.

Además, proponen crear la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, el Registro Provincial de Sanciones e Inhabilidades Firmes por Conductas Negacionistas, en el que se inscribirán: las sanciones firmes de cesantía y exoneración; las resoluciones administrativas y las comunicaciones de sanciones firmes análogas provenientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, cuando resulten jurídicamente relevantes para verificar inhabilidades de ingreso.