¿Qué pasó en el caso de Alan Villouta? Esa es la pregunta que todos se hacen en Mendoza. ¿Cómo puede ser posible que haya prescripto una de las causas que más conmoción generó en la provincia en los últimos años? ¿Hubo negligencia? ¿El dinero compró la inocencia de Alejandro Verdenelli? La sensación es que la Justicia solo actúa para condenar al ciudadano de a pie, mientras que empresarios y políticos corren por una vía paralela. Por todo ello, no es posible atribuir la responsabilidad de lo ocurrido a un actor particular. Lo que pasó es producto de un sistema que, quienes conocen su funcionamiento, aseguran que no va a cambiar con un proyecto para acotar los plazos como el que anunció el gobernador Alfredo Cornejo.

Si se hila fino, el propio gobernador debería repensar por qué no escuchó las advertencias que llegaban desde la Suprema Corte de que no estaban en condiciones de resolver todas las casaciones penales que llegaban al máximo tribunal. En 2019, hace siete años, desde la Corte se presentó un proyecto de reforma para que los tribunales inferiores revisen las sentencias. El planteo era sencillo: la Corte está desbordada de expedientes y eso genera demoras en la resolución de los mismos. Para evitarlo, proponían que un tribunal inferior diferente al que había dictado sentencia pudiese revisar la misma a pedido del acusado.

¿Qué hubiese sucedido si ese proyecto, que en el año 2022 volvió a ser ignorado, se hubiese aprobado? Quizás la historia hubiese sido diferente. Sin embargo no ocurrió.

¿Por qué la Sala Segunda de la Corte -integrada en ese entonces por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio- demoró casi seis años en resolver la casación de la sentencia contra Alejandro Verdenelli? La respuesta oficial es por la acumulación de expedientes y la postergación de esa causa porque no tenía personas detenidas. La otra respuesta, mucho más incómoda, es que estuvo cajoneada para beneficiar al imputado. El hecho de que se haya resuelto el recurso extraordinario un día antes de la prescripción y que, curiosamente, el imputado no haya podido ser notificado porque se encontraba en Malargüe, hacen sospechar que, de alguna forma, contaba con información desde adentro del Poder Judicial. Probablemente nunca se sepa.

Pero más allá de eso, una pregunta que nadie se ha hecho es por qué el Ministerio Público no pidió que se le de más celeridad al expediente. Nunca se pidió un pronto despacho ante la demora de la Suprema Corte para resolver el recurso de casación. Alejandro Gullé, el procurador de la Corte, se sentó con los padres de Alan Villouta esta semana acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo. Ahora el Ministerio Público Fiscal anuncia que interpondrá un recurso de casación contra la resolución de prescripción dictada por el Tribunal Penal Colegiado N°2 por extinción de la acción, pero no asume su propia responsabilidad de que la causa haya llegado a este punto. Gullé es uno de los funcionarios que debería pedirle disculpas a los familiares.

Una reforma que no soluciona el problema

Luego de juntarse con los padres de Alan Villouta, Alfredo Cornejo anunció que presentarán una reforma para acotar los plazos de la Corte para resolver este tipo de recursos de casación. "Si uno le exige al médico que haga más cortas las consultas para atender a más pacientes, el resultado es que se resiente la calidad del servicio. La solución que propone el gobernador no resuelve el problema de fondo", expresan desde el Poder Judicial en referencia a la cantidad de expedientes que llegan al máximo tribunal de Justicia.

Pero además, existe otra "maña" judicial. Se pueden acortar los plazos pero la clave está en determinar desde qué momento procesal comienzan a regir. Por ejemplo, el plazo para resolver una cautelar comienza desde que la causa está en estado para resolver y eso implica un acto que declara la causa “en estado de resolver". Pero ese acto no tiene plazo preciso y es maniobrable por las etapas administrativas del proceso judicial. Aunque parezca irónico, en la Justicia también se aplica el dicho "hecha la ley, hecha la trampa". En casa de herrero, cuchillo de palo.

El manejo de los plazos y el funcionamiento de los "cajones" no es algo nuevo. Lamentablemente hizo falta un caso como el de Alan Villouta para que la ciudadanía salga a expresar su indignación con el funcionamiento del Poder Judicial. Pero el gobernador sabe desde hace años que esto ocurre y en muchos casos sucede con causas que involucran al gobierno o a la política. Y los "cajones" muchas veces parecen abrirse y cerrarse según la conveniencia del oficialismo. Allí descansa, por ejemplo, la causa de Francisco Pérez por el departamento que compró en las Torres Agustinas. O también la causa de los funcionarios del Poder Judicial que cobran como jueces sin serlo. Los famosos equiparados a magistrados. Casusas políticas que al gobierno de Alfredo Cornejo le sirven para presionar e intimidar a adversarios o negociar con ellos. 

"La Justicia debe brindar respuestas en tiempo y forma. Cuando llega tarde deja de cumplir con su función", aseguró el gobernador Alfredo Cornejo esta semana pero su declaración parece no aplicar para todos por igual. Algo así como la famosa frase: "estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros".

Quienes conocen las entrañas de la Justicia aseguran que la arbitrariedad no solo se refleja en algunos actos, sino particularmente en los silencios. Se le pueden poner plazos a la Corte, pero luego ella decide cuándo comienzan a contarse. Por eso los escépticos afirman que acortar los plazos no resuelve el problema.