El fiscal general Eduardo Villalba, en representación de la Unidad Fiscal Salta, solicitó ante la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, la nulidad del sobreseimiento dictado en mayo último a favor del camionero imputado por el asesinato calificado por alevosía de María Cash, desaparecida desde el 8 de julio de 2011.

El planteo fue formulado en el marco de una audiencia oral ante los integrantes de dicha sala -los jueces Santiago French (presidente), Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá-, en la que el representante del Ministerio Público Fiscal expuso una serie de fundamentos para que la resolución que favoreció al imputado Héctor Romero sea declarada nula y se revoque su sobreseimiento.

En función de una serie de irregularidades detectadas en la resolución apelada, el fiscal pidió que la titular del Juzgado Federal N°2, Mariela Giménez, siga al frente de la investigación, pero que el trámite del proceso sea remitido a otro juzgado. Dado a que la causa se inició con anterioridad a la implementación del sistema acusatorio, el expediente se lleva bajo las reglas del sistema mixto.

La querella, representada por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, adhirió al planteo de revocatoria del sobreseimiento, aunque sobre el cambio de juzgado, también pidió el reemplazo de la jueza. La defensa, en tanto, resistió los argumentos con una breve exposición de argumentos.

Villalba hizo un repaso detallado del derrotero de María Cash, desde que salió de Buenos Aires el 4 de julio de 2011 con intenciones de ir a la provincia de Jujuy, su paso por Santiago del Estero y hasta que desapareció cuatro días más tarde -el 8 de julio de 2011-, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en Salta, donde había llegado a dedo.

Recordó que María Cash, por entonces de 29 años, quería regresar a su casa, pero no tenía dinero para abordar un micro, por lo que ese día deambuló por una estación de servicio, donde fue vista por varios testigos.