Universidades nacionales convocaron a un paro de 72 horas que comenzará el miércoles con el objetivo de visibilizar el reclamo para que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento sancionada el pasado 21 de octubre en el Congreso.

Varios gremios docentes aseguraron que la gestión del presidente Javier Milei debe llevar a cabo el cumplimiento “efectivo” de la Ley de Presupuesto Universitario con el fin de lograr “la recomposición salarial” docente y “en la defensa de la educación pública”.

Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), aseguró que, hasta el momento, los salarios “no fueron recompuestos” y lamentó que, a pesar de haberse realizado una tercera marcha federal, no lograron que el Presidente “quiera cumplir con la ley”.

“Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, indicó.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto, sostuvo que la medida, además de exigir la aplicación de una ley que establece un aumento salarial, pretende “frenar el vaciamiento” de la educación pública.

“La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, sentenció.

Asimismo, Celoto detalló que las bajas remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario y que “no pueden sostener más” las tareas que deben llevar adelante con los sueldos que perciben: “En muchos casos están por debajo de la línea de pobreza”, añadió.

Explicó que esta situación se traduce en “pedidos de cambio de dedicación”, es decir, de reducción de horas en las tareas, y alertó sobre las consecuencias a largo plazo de esta problemática porque “se están vaciando” los equipos de trabajo.

“Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para los cuales estuvieron designados,” indicó.

Por último, la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT /IS) y docente de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mercedes de Mendieta, enfatizó en la crítica situación económica de los trabajadores universitarios y calificó a las remuneraciones que perciben como “salarios de miseria”.

“Un docente que ingresa y que está siendo ayudante de primera, trabaja 10 horas por semana y cobra 2.000 pesos la hora. Además, hay cientos de compañeros que están ad honorem y que no cobran salarios”, declaró a NA.

Para cerrar, sostuvo que la universidad se mantiene gracias al “esfuerzo tremendo de los docentes, no docentes y de los estudiantes”, quienes resisten a un “ajuste histórico” que persigue la privatización indirecta del sistema.

Finalmente, acusó a la gestión de Milei y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de “incumplir de manera completamente ilegal una ley que fue votada por ambas Cámaras” y que “se conquistó con la movilización de la comunidad educativa”.

“Llamamos a toda la sociedad a que nos apoye. Hay que luchar contra la impunidad de un Gobierno ultraderechista y sus cómplices que no quieren aplicar una ley conquistada y necesaria para el desarrollo del país”, sentenció la diputada.