Reclamo internacional
Soria denuncia hostigamiento laboral y tortura psicológica
Presentó la denuncia ante la Organización Mundial contra la Tortura. Pide que ayuda económica y tecnológica para poner al servicio de la comunidad su conocimiento. También que se difunda la Iniciativa para la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas.
Federico Soria, el miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y reconocido por su compromiso con la defensa del agua y el ambiente, quien fue detenido y despedido de la Dirección de Parques Nacionales, ha presentado una denuncia formal ante la Organización Mundial Contra la Tortura. En ese documento, detalla una serie de abusos y persecuciones ideológicas, hostigamiento laboral, y tortura psicológica que, según él, ha sufrido por parte de diversas entidades gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal. Afirma que estas acciones son orquestadas por la corporación Solway y sus filiales, así como por partidos políticos, medios de comunicación y funcionarios públicos.
El Proyecto de Ley Uspallata-Polvaredas: Origen de la Persecución
La razón principal de esta persecución, de acuerdo con Soria, radica en su rol como autor intelectual del proyecto de ley para la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Esta iniciativa, presentada en 2009 por la Asamblea, busca proteger el entorno de Uspallata de la actividad minera y petrolera, amparándose en la Ley 6045 de Mendoza, que prohíbe dichas extracciones en áreas de interés ambiental. La aprobación de esta ley significaría el fin de la amenaza de la megaminería en Uspallata, priorizando el turismo, la agricultura y la ganadería local.
Antecedentes de Protección Ambiental en Mendoza
Soria subraya que existen precedentes exitosos en Mendoza que respaldan la viabilidad de su proyecto. Menciona la Ley 7422 de 2005, que declaró a la Laguna del Diamante como área natural protegida, frenando proyectos megamineros y beneficiando la economía regional. Además, señala otras iniciativas similares como la creación del Parque Provincial Cordón del Plata y diversas reservas naturales. Estos ejemplos demuestran que la protección ambiental es posible y beneficiosa para la provincia.
La Oposición al Proyecto y la Amenaza de la Megaminería
A pesar de su justificación y los precedentes, el proyecto de Uspallata-Polvaredas ha enfrentado una fuerte oposición por parte de los gobiernos nacional y provincial, lobistas del extractivismo y empresarios mineros. Sin embargo, cuenta con el apoyo de diversas organizaciones civiles, pueblos originarios y cámaras empresariales vinculadas al turismo y la agricultura. Soria enfatiza que la amenaza no se limita al proyecto Minera San Jorge, sino que más de 300 concesiones mineras en la región aguardan para avanzar, lo que resalta la urgencia de la Iniciativa Popular para salvaguardar la población y el ecosistema.
La Imposición del Proyecto Minero San Jorge sin Licencia Social
Soria denuncia que el proyecto Minera San Jorge, ahora conocido como “PSJ cobre mendocino”, intenta instalarse en Uspallata sin el consentimiento social. Resalta la seria amenaza que representa para el suministro de agua del Río Mendoza, que abastece a gran parte de la provincia, incluyendo el Gran Mendoza. Además, advierte sobre el uso y liberación de sustancias tóxicas, explosivos y drenaje ácido por parte de la minera, citando informes de impacto ambiental que, aunque complejos, revelan estas problemáticas. Históricamente, el proyecto ha sido rechazado en múltiples instancias, incluyendo audiencias públicas, votaciones legislativas y fallos de la Corte Suprema.
La Corporación Solway y su Historial de Controversias
El denunciante acusa directamente a Solway, la corporación detrás de Minera San Jorge, de ser una entidad off-shore con un historial global de persecución, criminalización de la protesta social, contaminación y sobornos en diversos países. Soria destaca que Solway ha sido implicada en transacciones financieras fraudulentas y que su solvencia económica es cuestionable debido a la destrucción de una de sus principales instalaciones en Ucrania. También pone en duda la capacidad financiera de Zonda Metals y Alberdi, las empresas subsidiarias que buscan revivir el proyecto en Argentina.
Persecución y Criminalización por Parte del Gobierno de Mendoza
Soria detalla cómo el Gobierno de Mendoza, presuntamente, ha inventado una causa penal en su contra y la de otro miembro de la Asamblea, Mauricio Cornejo, por supuestas amenazas coactivas, sin pruebas y con testimonios falsos. Afirma que se les imputa el delito de "agrupación para la coerción ideológica", vinculándolos a un ataque incendiario perpetrado por una persona afín al partido gobernante. Adicionalmente, el Intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, ha emitido declaraciones injuriosas en medios, acusándolos de delitos sin fundamento y de recibir financiación de la oposición, intentando incluso que la Municipalidad actúe como querellante. Soria también señala que Lo Presti tiene una causa penal por enriquecimiento ilícito, que ha sido "pisada" por la justicia.
Tortura, Abuso de Autoridad y Desprestigio
La denuncia de Soria también abarca privación ilegítima de la libertad y tortura física y psicológica sufridas durante su detención, incluyendo condiciones inhumanas en prisión y la negación de asistencia médica. Mauricio Cornejo, por su parte, fue retenido 26 días con múltiples fracturas, lo que Soria califica como un acto de crueldad oficial. Soria atribuye la persecución a la influencia de grandes grupos económicos y partidos políticos que buscan controlar la economía local, e identifica al Director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, como participante clave en la creación de causas y campañas de desprestigio. Finalmente, Soria denuncia que partidos de ultraderecha han difundido teorías conspirativas en su contra, intentando vincularlo con complots internacionales para desacreditar el proyecto del Área Natural Protegida, y que fue cesanteado de la Administración de Parques Nacionales por su activismo.
Desocupado y perseguido
Para finalizar, Soria expresa que, en la actualidad, al estar judicializado y desempleado, se encuentra recorriendo un largo y extremadamente costoso camino legal y jurídico por esta suma de arbitrariedades injustas e infames, que espera se resuelvan pronto. Se lamenta por las severas limitaciones operativas y económicas que tiene para poder poner todo su conocimiento del territorio y formación profesional al servicio de la comunidad de la que forma parte, para lo cual solicita asistencia tecnológica y financiera.
También pide de manera explícita apoyo y máxima difusión al proyecto de ley de Iniciativa Popular para la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, para que se visibilice y conozca por todos los lugares y medios posibles. Y que de una buena vez, en Uspallata se pueda contar con un blindaje legal que garantice un modo de vida y una economía en armonía con el entorno natural y las fuentes de agua; y para que se acabe definitivamente con la amenaza de la megaminería en el maravilloso lugar que eligieron para vivir.
