Un importante operativo en Mendoza culminó con el procesamiento de diez individuos, dos de ellos reclusos, acusados de liderar una compleja red de narcotráfico y tráfico de armas desde el interior de una cárcel federal. Este caso marca un hito al ser la primera aplicación en la provincia de la reciente "Ley Antimafia".
La justicia mendocina determinó el procesamiento y prisión preventiva de diez personas, señaladas como integrantes de una sofisticada banda criminal que operaba desde el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. Este caso no solo destaca por la audacia de la organización, sino por ser la primera vez que la provincia aplica la figura de la organización criminal contemplada en el artículo 210 ter del Código Penal, introducido por la Ley 27.786, conocida como "Ley Antimafia".
La investigación, iniciada en junio de 2024 a partir de una denuncia anónima, reveló una estructura delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes (tanto dentro como fuera del penal), la venta de armas de fuego y municiones, y la utilización de vehículos con irregularidades. La red era presuntamente liderada por dos reclusos, quienes coordinaban las operaciones desde el interior del establecimiento.
El fiscal federal Fernando Alcaraz, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Criminal Mendoza de Gendarmería Nacional, desplegó una serie de medidas investigativas, incluyendo intervenciones telefónicas y análisis de dispositivos móviles. Estas acciones permitieron identificar a los miembros de la banda y sus puntos de acopio. Una segunda denuncia anónima incluso sugirió que las sustancias ilícitas eran ingresadas al penal durante las visitas, utilizando a mujeres embarazadas y niños para evadir los controles de seguridad.
Entre el 14 y el 22 de marzo de 2025, se llevaron adelante 21 allanamientos en distintos puntos de la provincia, resultando en la detención de los diez imputados. Las fuerzas de seguridad incautaron un arsenal que incluía seis armas de fuego, réplicas, más de 500 municiones, balanzas de precisión, casi medio kilo de cocaína y más de 600 gramos de marihuana, además de plantas y troqueles de LSD. También se confiscaron vehículos, motocicletas y numerosos teléfonos celulares.
El juez Marcelo Garnica fundamentó el procesamiento en la complejidad de esta estructura ilícita, destacando la gravedad de los delitos de narcotráfico (agravado por la participación de menores y el contexto carcelario), tráfico de armas y encubrimiento agravado. Además de la prisión preventiva, se dictó un embargo sobre los bienes de cada acusado por un monto de $4.680.000, reafirmando el compromiso judicial en la lucha contra el crimen organizado en Mendoza.
