Detuvieron en la frontera con Chile a un abogado de Mendoza que intentó ingresar fuegos artificiales de manera ilegal a la provincia. La pirotecnia, de diversa clase, fue detectada durante el control aduanero.
Según el sitio chileno Los Andes Online, personal fiscalizador del Servicio Nacional de Aduanas revisó el vehículo que conducía el letrado, en el cual también viajaban amigos y familiares.
Al revisar la guantera se encontró una caja conteniendo 50 petardos y bajo el asiento del conductor otras 11 cajas con el mismo tipo de fuegos de artificio.
Frente a esto, los oficiales revisaron a fondo el resto del auto y encontraron 2 tiros de mortero ocultos en el habitáculo de la rueda de repuesto. Posteriormente, el abogado identificado como M.O.C. fue detenido y pasado a control en el Juzgado de Garantía de Los Andes.
En la audiencia el fiscal Jorge Alfaro Figueroa lo formalizó por los delitos de contrabando y tenencia ilegal de fuegos artificiales, ambos en grado de consumado.
El persecutor pidió aplicar la medida cautelar de arraigo nacional, sin embargo, el imputado renunció a su derecho a guardar silencio y prestó declaración ante el magistrado Daniel Chaucón Ojeda y el resto de los interviniente, indicando que en su país no está prohibida la tenencia de fuegos de artificio y los que le fueron encontrados los había comprado hace mucho tiempo para celebrar un Año Nuevo.
Sin embargo, en Mendoza la venta y uso de la pirotecnia está prohibida desde el 2020 a través de una ordenanza que aprobaron casi todos los departamentos. El Municipio de Tupungato es el único departamento donde se permite la denominada pirotecnia lumínica -restringida a eventos especiales y bajo estrictas regulaciones.
Sostuvo que desconocía por completo esta prohibición que existe en Chile, razón por la cual el Juez Chaucón, a fin de que pudiera retornar a Mendoza le otorgó una fianza de 100 mil pesos chilenos (132864,50 pesos argentinos).
Familiares que estaban presentes en la sala de audiencias reunieron el dinero, el cual quedó bajo custodia en la caja fuerte que existe en el tribunal. De esta forma el jurista pudo regresar a su país, no obstante que deberá comparecer a otras audiencias a las cuales sea citado, ya que se fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación.
