Roberto Castillo, el abogado que se constituye como querellante en la causa por la muerte de Ángel López, llegó a Comodoro Rivadavia, en la puerta de la fiscalía habló con los medios de comunicación y allí expuso que “hay mucha prueba que acredita que estas personas (Mariela Beatriz Altamirano y Michael González) le dieron muerte” al pequeño.
A la espera de que este martes se realice la audiencia de control de detención y apertura de la investigación, Castillo comentó que se reunirá con el fiscal de la pesquisa y aseguró que hay evidencia que permite acusar a los dos detenidos: “Accedí al informe forense, hay mucha prueba que acredita que estas personas le dieron muerte a Ángel”.
“Son dos asesinos, tienen que estar detenidos y recibir la cadena perpetua”, manifestó el abogado, quien se encontraba con su prometida, Cinthia Fernández.
Acerca de lo que observa de la investigación y el informe de autopsia, señaló: “La madre es coautora penalmente responsable y quien le produjo las lesiones directas es Michael, su pareja”. El abogado pidió que ambos sean acusados por el delito de homicidio agravado, con los agravantes de la alevosía.
Ante las cámaras de televisión, sostuvo que el niño, de 4 años, “estuvo sometido a un contexto de violencia” y que “hubo negligencia por parte de varios funcionarios de la Justicia, que está corrompida.”, a la vez que remarcó: “Hay mucha corrupción”.
“Hay un informe de las maestras de su jardín de que Ángel era alegre, pero en las últimas semanas estaba triste, no quería dibujar. La prueba nos dice que lo aislaron”, expuso Castillo.
La querella fue consultada respecto al informe de la Justicia sobre qué Ángel pedía estar con su mamá y no con su papá y, en este sentido, aclaró: “Su madre era Lorena, no lo decía por Mariela porque ella desapareció y de un día para el otro pidió su tenencia”.
Por último, respecto a la actuación actual de la fiscalía, el abogado dijo estar conforme, debido a que en estos días se trabajó de “manera excelente” porque se recabó información a través de declaraciones y allanamientos que le permitió al fiscal “tener un cuadro de imputación sólido”.
