La realidad de quienes duermen a la intemperie no puede reducirse a una cifra fría obtenida en una sola noche de operativo. En Mendoza, la Fundación Puente Vincular ha alzado su voz para expresar una profunda preocupación ante los resultados del relevamiento nacional 2026 realizado por el Ministerio de Capital Humano. La crítica no es caprichosa: surge de la experiencia cotidiana de quienes ponen el cuerpo y el vínculo allí donde el Estado parece llegar tarde o con una mirada incompleta.

Para la fundación, el censo nacional falla en su base misma. Un relevamiento nocturno aislado funciona como una "fotografía" que ignora la dinámica de una población que se desplaza y cambia constantemente. Esta discrepancia metodológica llevó a la organización a no participar del proceso, por considerar que no permite dimensionar adecuadamente el drama humano que viven las personas en situación de calle.

Además, denuncian una alarmante falta de transparencia. La información oficial carece de bases de datos abiertas y de una delimitación territorial clara. No se sabe si el Ministerio relevó toda la provincia de Mendoza, solo el Gran Mendoza o apenas la capital, una imprecisión que "dificulta cualquier análisis serio y responsable" sobre una problemática que exige precisión para ser abordada.

El punto de mayor fricción reside en la cantidad de personas en situación de calle invisibilizadas por el sistema oficial. Según datos manejados por la Red Calle a principios de 2025 —fruto de un cruce de información entre municipios, provincia y organizaciones—, el número en Mendoza ascendía a 1044 personas en situación de calle.

Este dato, que nunca fue publicado de forma oficial por las autoridades, contrasta con la falta de claridad de los informes actuales. El riesgo de esta subestimación es grave: si se cuentan menos personas de las que realmente son, se diseñan políticas públicas insuficientes que condenan a cientos de ciudadanos a seguir en los márgenes de la ley y de los derechos fundamentales.

El comunicado de Puente Vincular es, en esencia, un llamado a la acción política y a la sensibilidad social. "Esta problemática exige mucho más que cifras aisladas: requiere decisión política, cumplimiento efectivo de la ley y políticas públicas sostenidas", señalan.

La urgencia es clara: detrás de cada número hay una historia de vida, y detrás de cada dato omitido, un derecho vulnerado que el Estado tiene la obligación de restituir mediante la transparencia y el trabajo articulado con la comunidad.

Recordemos que el año pasado la Pastoral Social del Arzobispado de Mendoza tuvo que salir a denunciar que el Gobierno Provincial y los municipios, no habían hecho nada para solucionar el problema de las personas en situación de calle, luego de que murieran de frío dos personas.