Ley de tránsito
Epidemia de funcionarios alcoholizados: presentan proyectos para agravar penas
Luego de que el funcionario del ETI, Diego Silvestre, fuera sorprendido manejando con 2,26 gramos de alcohol por litro en sangre, diversos proyectos de ley de la Legislatura mendocina volvieron a ponerse en agenda.
Diversos bloques de la Legislatura mendocina presentaron proyectos que buscan endurecer las penas a aquellos servidores del Estado que sean apercibidos por manejar en la vía pública bajo los efectos del alcohol.
Las propuestas fueron presentadas a dos semanas del episodio que involucró al, ahora ex funcionario, de San Rafael Diego Silvestre. El ex coordinador de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios de protección de niñez (ETI), del departamento del sur había arrojado 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, en un control policial mientras manejaba una Fiat Strada.
Las propuestas
El primero de los proyectos fue presentado por el diputado Edgardo Civit Evans, del bloque Jubilados Auténticos. El mismo apunta a incorporar un agravante a la Ley Contravencional 9.099 para que las sanciones por conducir alcoholizado se dupliquen en mínimo y máximo cuando el infractor sea funcionario público en ejercicio, o se encuentre utilizando un vehículo del Estado.
Según entiende el diputado "la función pública exige dar el ejemplo" y agregó: "quienes representan al Estado deben asumir una responsabilidad mayor y actuar con el mismo respeto por la Ley que se le exige a toda la ciudadanía.
La iniciativa de Civit había sido presentada a principios de este año en la Cámara. Pero, ante la reiteración de casos de administradores del Gobierno provincial que incumplen con la ley, el diputado retomo su proyecto e hizo un posteo en Instagram en el que explicaba el mismo.
Otra de las propuestas es la de la diputada del PRO, Stella Huczak. En este caso, Huczak plantea una reforma más amplia de la Ley de Seguridad Vial y el Código Contravencional. Según su proyecto, las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol se mantendrían igual a como las rige la Ley actualmente, siempre y cuando sean inferiores a 1,0 gramos de alcohol por litro en sangre. En caso de superar ese límite, se aplicarían sanciones más elevadas e inhabilitaciones si el que cometió el delito fue un funcionario público.
Además, incorpora nuevos mecanismos como la obligación de informar la infracción a la autoridad superior, la prohibición de reemplazar multas por trabajo comunitario, la retención del vehículo y el requisito de cursos de capacitación obligatorios. También establece que la inhabilitación para conducir se aplique incluso si se paga voluntariamente la multa y presume la infracción cuando el funcionario se niegue al test de alcoholemia.
Quienes son los funcionarios que incumplieron la Ley por manejar borrachos
El caso más reciente de Diego Silvestre se suma a varios antecedentes de autoridades del Estado que incumplieron la ley de tránsito en la Provincia.
En febrero de este año, Gustavo Villegas dimitió de su cargo como consejero del río Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI) tras dar positivo en un control vial durante una madrugada a principio de año. A pesar de haber sido destituido de su cargo, Villegas sigue formando parte de la comitiva provincial ante el Consejo Hídrico Federal (COHIFe).
Quizás el escándalo de mayor costo institucional, fue el protagonizado por Jorge Teves, ya que presidía el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), organismo encargado de controlar el transporte. El ex funcionario fue sorprendido manejando ebrio un vehículo oficial. Pese a pedir disculpas públicas y dilatar la decisión unas semanas, la presión política lo obligó a renunciar ante el gobernador Cornejo.
El caso de Miqueas Burgoa dio mucho de que hablar. El concejal que formaba parte de la Unión Cívica Radical (UCR) se negó a dimitir de su cargo luego de dar positivo en un control policial. Tras la detención de Burgoa en Bowen, General Alvear, tanto el intendente de Guaymallén Marcos Calvente, como el gobernador Alfredo Cornejo, le pidieron que renuncie a su banca. Sin embargo, el edil decidió hacer caso omiso.
Ante eso, desde el peronismo se inició un proceso de remoción de Burgoa, que fue desestimado en el Concejo Deliberante gracias al voto de un grupo de radicales y aliados.
En el momento de su detención, el concejal guaymallino iba acompañado por el asesor del senador Marcelino Iglesias, Emiliano Zunino Gobbi, Daniel Rodolfo Battaglia y Juan Ovidio Quistape.
Por otro lado, Martín Antolín fue interceptado en la Ciudad de Mendoza con 1,15 g/l de alcohol en sangre. El bloque radical de San Rafael impulsó un pedido de expulsión por "falta de ejemplaridad", pero finalmente el cuerpo legislativo archivó la denuncia y el edil libertario sigue en su puesto.
