La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza, presidida por Beatriz Martínez, dio despacho favorable a un proyecto de ley que establece un régimen de intervención administrativa, preventiva y excepcional sobre inmuebles que, por su estado de abandono, ocupación irregular o vinculación con actividades delictivas, puedan representar un riesgo para la seguridad pública y la convivencia vecinal.

La iniciativa busca brindar herramientas al Estado para intervenir preventivamente sobre propiedades que se encuentren en situaciones que afecten tanto a sus titulares registrales como al entorno en el que están ubicadas.

Según los fundamentos del proyecto, existen inmuebles cuyos propietarios han perdido, de hecho, la posibilidad de ejercer adecuadamente las facultades de uso, goce, custodia y disposición sobre sus bienes. En algunos casos, estas propiedades son ocupadas o utilizadas como refugios, lugares de ocultamiento, acopio o comercialización de estupefacientes, o como espacios vinculados con la planificación y ejecución de delitos.

El proyecto plantea que estas situaciones generan una doble afectación: por un lado, perjudican al propietario, cuyo inmueble queda expuesto al deterioro, la destrucción o la ocupación ilegítima; y por otro, afectan la tranquilidad y seguridad de vecinos, comerciantes e instituciones ubicadas en las inmediaciones.

La propuesta toma como antecedente la Resolución N.º 5425/25, del Ministerio de Seguridad y Justicia, que estableció un procedimiento de intervención preventiva administrativa de inmuebles.

En este sentido, la iniciativa procura establecer un marco legal específico para este tipo de intervenciones, con el objetivo de proteger el derecho de propiedad y, al mismo tiempo, resguardar la seguridad, la salubridad pública y la convivencia urbana.

Con el despacho favorable de la comisión, el proyecto quedó en condiciones de continuar su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados.