El año pasado, un conductor que se encontraba circulando por Las Heras sufrió un duro accidente luego de colisionar con un montículo de tierra que se encontraba sobre la calzada. A raíz del impacto, el hombre perdió el control de su Fiat Uno y terminó volcando metros más adelante.
Luego del accidente, el sujeto inicio acciones legales contra el Municipio argumentando que no se encontraba ningún tipo de señalización en la zona y del peligro que los escombros representaban en mitad de la calle.
Sin embargo, las pericias indicaron que, si bien el impacto fue producto de lo señalado por el damnificado, el mismo se encontraba circulando a 70km por hora en una zona donde la máxima era de 40km por hora.

Es por ello que la Justicia determino que la Municipalidad debía abonar $20.083.000 más intereses, al atribuirle un 70% de responsabilidad por el accidente, mientras que el 30% restante correspondía al conductor.
Sin embargo, la comuna y la fiscalía del estado apelaron contra la sentencia para que se revisaran los porcentajes y, en los últimos días se conoció el fallo final que la Tercera Cámara de Apelaciones de Mendoza resolvió.
La Justicia mendocina finalmente decidió reducir la condena del municipio y le atribuyó el 50% de la culpa a ambas partes, aplicando el principio de causalidad paritaria. Es por ello que, finalmente, Las Heras deberá abonarle al conductor $14.345.000, además de los intereses correspondientes, en concepto de indemnizaciones.
Los argumentos del fallo judicial
Los magistrados señalaron que, pese a tratarse de materiales sin movimiento como tierra y escombros, su presencia sobre la calzada constituía un riesgo concreto para quienes circulaban, especialmente porque no existían carteles ni otras medidas que alertaran sobre el obstáculo.
En ese sentido, el tribunal consideró que la ausencia de una señalización preventiva adecuada tuvo un peso determinante al momento de establecer la responsabilidad que le correspondía a la comuna.
La resolución judicial establece un antecedente respecto de la responsabilidad de las administraciones municipales de advertir y señalizar la presencia de obstáculos en las calles, al tiempo que destaca la necesidad de cumplir con las velocidades máximas permitidas como medida de prevención frente a posibles siniestros viales.