Ley Bases
El Gobierno Nacional eliminó el proyecto de monitoreo ambiental
A través de una serie de derogaciones vinculadas a la industria minera, el ejecutivo nacional dispuso el cierre del programa. El mismo establecía el roll del Estado para brindar herramientas y trabajo que supervisaran, o mitigaran, los efectos colaterales de la explotación minera.
A través del Boletín Oficial de la Nación, el Gobierno de Javier Milei decretó la derogación de una amplia serie de resoluciones dictadas entre 2008 y 2022, vinculadas al funcionamiento de la industria minera en el país. Una de ellas establecía el trabajo en conjunto de Nación y las provincias para supervisar y mitigar posibles daños ambientales.
Según se explica en el Boletín Oficial, el cierre de dichas resoluciones se idea en el marco de la Ley Bases, que promueve la optimización del estado. En esta ocasión, se trata de una "reducción del sobredimensionamiento de las estructuras estatales".
Según indica el documento, la idea es que las tareas de monitoreo sean absorbidas por mecanismos alternativos de coordinación "más eficientes", aunque no se detalla como ni cuáles serán los organismos encargados de llevar a cabo esas tareas.
Proyecto federal de monitoreo ambiental
El Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería”, creado en 2022, establecía que el Estado Nacional se encargaría de que los gobiernos locales contaran con las herramientas necesarias para supervisar y mitigar los efectos colaterales de la explotación minera a gran escala.
La medida establecía una cooperación técnica y financiera para con las provincias con una fuerte actividad minera. De esta manera, los trabajos de mitigación de daños ambientales o de supervisión de los yacimientos mineros, estaba supervisado por los recursos del Estado Nacional, independientemente de si la Provincia tuviera las herramientas para llevar a cabo dichos trabajos de monitoreo.
Esto permitía que jurisdicciones que no contaban con una industria asentada en la zona pudieran cerrar acuerdos mineros de gran escala, garantizando una sostenibilidad ambiental debido al trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional.
Otros proyectos derogados
En la misma sintonía, la resolución desactivó el “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino”, el “Plan Nacional de Minería Social” y la “Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas”. El argumento burocrático de la administración libertaria es que estas estructuras perdieron “operatividad”.
La medida aclara de forma explícita que la masiva ola de derogaciones “no interrumpe, sustituye ni extingue el control de ejecución y de rendición de cuentas” de los proyectos pasados. Esto garantiza que el Estado continúe persiguiendo las “acciones de recupero” de fondos presupuestarios que hayan sido transferidos a provincias o municipios. De esta manera, la administración nacional parece abdicar de su rol de tutor del desarrollo sostenible y el medio ambiente, pero conserva plenamente sus facultades de recaudación financiera.
