El Gobierno Nacional dispuso, a través del Boletín Oficial, la ampliación de las facultades de bloqueo de aparatos móviles en las cárceles de todas las provincias del País.
La medida surge a través del planteo técnico formalizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Esto permitirá a todas las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional a inhabilitar equipos, tarjetas SIM y líneas telefónicas activadas dentro de establecimientos penitenciarios.
La decisión fue oficializada este jueves mediante la Resolución 734/2026. A partir de la modificación, las empresas que brindan servicios de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos vinculados con los dispositivos detectados dentro de las áreas de detención: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, correspondiente a la tarjeta SIM; y la línea telefónica asociada.
Estas adecuaciones están ideadas para que los bloqueos de señales no afecten a vecinos o comercios ubicados en zonas aledañas a las cárceles provinciales.
Nación se sumo al pedido de Mendoza
La Ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia, Mercedes Rus, había elevado un pedido a Enacom para llevar a cabo esta práctica, luego del escándalo que se vivió con los presos de San Felipe.
A la solicitud, se le sumo La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para manifestar el apoyo a la medida planteada desde la Provincia. Según señalaron desde el Gobierno Mendocino, en las prisiones de la jurisdicción se utiliza un método propio de inhibición de señales.
El sistema consta de un dispositivo portátil de bloqueo selectivo que se utiliza durante requisas y allanamientos coordinados con la Justicia, para evitar que se filtren los operativos. Ese sistema, agregó Rus, incluye además protección antidron, pensada para prevenir el ingreso de celulares o droga por vía aérea, una modalidad que -según señaló- ya se registró en cárceles de Córdoba y de Buenos Aires.
De esta manera, Nación buscara retirar los teléfonos celulares del sistema penitenciario argentino, los cuales habían sido autorizados de manera extraordinaria durante la emergencia sanitaria por la pandemia para preservar la vinculación familiar de los internos.
