Estamos presenciando una realidad espantosa, donde no hay límite para el descaro. Legisladores que legislan contra los intereses de quienes los votaron, funcionarios que impúdicamente violan la ley, jueces que descaradamente desconocen el derecho conforme los aires que circulan en la casa de gobierno y lo peor, gobernantes que gobiernan para otros gobernantes, los reales.

Y todo ello, mientras la ciudadanía permanece perpleja, atónita, sin responder, ni reaccionar y lo peor, sin resistir.

En  este contexto, se palpan formas groseras de ejercer el poder. Algunas, son visiblemente autoritarias. Otras, sutiles y hasta casi sofisticadas; aunque no por ello, menos peligrosas.

En toda democracia existen asesores, operadores y armadores políticos. Son parte natural de la “fauna política”. Ahí aparece la figura del “monje negro”, los López Rega, los Nosiglia o los Manzano y un poco más cerca (y bastante más devaluado) los Caputo. En el ámbito provincial, esta especie no le da la talla ni como actores de reparto…son sólo extras. Así se los desecha inmediatamente después de ser usados.

No surgen necesariamente como caricaturas ornamentales del séquito gubernamental, sino como figuras capaces de influir decisivamente sobre: jueces, periodistas, funcionarios, empresarios, eclesiásticos, dirigentes sindicales, etc. La lista es larga.

No siempre ocupan un cargo y a veces, ni siquiera firman resoluciones. Muchos actúan en las sombras pues, conocen los pasillos, controlan los accesos, administran favores, “aprietan” conciencias y manejan información sensible. Saben quién debe ascender, quién debe caer, qué juez conviene, qué periodista molesta, qué empresario financia y qué funcionario obedece.

Su poder se ejerce por un precio, por un cargo o sencillamente, por garantizar silencio para que no se difundan secretos que condenan. Lo más grave es que muchas veces, lo hacen en nombre de la República, mientras la fagocitan lentamente por dentro.

Sería un error creer que los males profundos de la Argentina (y de Mendoza) nacen exclusivamente de estos personajes oscuros, propios del inframundo. Estos “monjes negros” no son la enfermedad de nuestro país: son apenas, uno de los síntomas más visibles de una democracia agonizante.

Ningún operador clandestino podría acumular  poder, si antes no existiera una dirigencia vaciada de convicciones, instituciones degradadas  y una sociedad acostumbrada (o domesticada) a la idea de que el interés público sea devastado por contubernios políticos.

Los monjes negros no crean por sí solos la decrepitud del sistema democrático, necesitan de aquellos que estén dispuestos a hacer el “trabajo sucio” para después, poder comer de la podredumbre.

De tal forma, muchos ven en estos “operadores”  la garantía de gobernabilidad que necesita un sistema. Otros en cambio, advierten que estos sujetos son sólo “siervos” de un señor feudal y que, detrás del orden impuesto por éste, se consolida una estructura de poder dictatorial, cada vez menos transparente, más impermeable al control ciudadano y por ende, más propenso al delito.

Y lo grave de ello, es que se obstaculizan los cambios sociales en beneficio de una clase dominante apátrida que, lejos de proteger a la Nación, a su ciudadanía y a los recursos estratégicos del territorio, los entregan a intereses foráneos.

Así, el monje negro deja de ser un simple engranaje político para convertirse en la gangrena que necrosa y pudre al Estado, haciendo que las decisiones públicas se subordinen a pactos espurios, intereses sectoriales o conveniencias empresarias y por ende, que la Constitución deje de ser una guía de gobierno y pase a convertirse en un obstáculo a remover.

Y cuando ello sucede, comienza el verdadero deterioro de una república pues, sectores enteros de la sociedad asumen que las decisiones importantes, ya no se toman donde deberían tomarse o; cuando el ciudadano percibe que “el expediente importa menos que la llamada telefónica” o; que  “la ley vale menos que la cercanía con el poder” y finalmente cuando, los funcionarios públicos dejan de servir al interés general para considerar al País como un coto de caza.

En las provincias esto se vuelve todavía más visible pues, los vínculos se estrechan, las estructuras se consolidan y las redes de influencia traspasan a gobiernos, legislaturas, organismos de control, contrataciones estatales, medios de comunicación y claramente, al Poder Judicial. El problema deja entonces de ser “partidario”, para sabotear a todo el aparato estatal y en definitiva, a todo el sistema democrático.

De tal forma, los monjes negros no responden a una ideología. Responden al poder mismo y por ende, mutan de peronistas, en radicales y estos, en libertarios conservadores. Lo permanente no es el partido: es la lógica.

Sí. La lógica del operador que concibe al Estado como un botín; al territorio como una mercancía y a los recursos estratégicos, como un negocio.

Y allí aparece una cuestión mucho más profunda: la soberanía. Cuando decisiones centrales sobre temas vitales como minería, energía, agua, salud, trabajo, educación se definen por pactos siniestros, más que por deliberación democrática.

Así, la soberanía deja de pertenecer a la ciudadanía y el territorio, ya no es concebido como un bien común, sino como un “espacio de explotación” usufructuado por redes políticas y económicas que sobreviven a cualquier elección.

El daño entonces no es solamente moral. Es material. Se deterioran las instituciones. Se destruye la confianza pública. Se desalienta a quienes creemos en la solidaridad, el bien común, el bienestar general y por sobre todo, en la legalidad.

Se naturaliza el clientelismo. Se colonizan el Estado con conchabados inútiles o con algún familiar desempleado, a los que se los “mantiene” a cambio de su servilismo.

Se reemplaza la capacidad por la complicidad.

Y mientras tanto, los ciudadanos comunes —los que pagamos impuestos, producimos y sostenemos el funcionamiento real del país— observamos cómo las decisiones trascendentes parecen tomarse en oficinas cerradas a las que ninguno de nosotros accede ni accederá.

Todo esto ocurre, además, bajo una impunidad cada vez más obscena. Los operadores ya no se esconden. Hablan públicamente, exhiben influencia, presumen contactos y “ubican” funcionarios con una naturalidad alarmante. Como si los mecanismos institucionales hubiesen desaparecido por completo. Como si ya no existieran límites legales, éticos ni constitucionales capaces de contenerlos. Y quizás, ese sea el síntoma más preocupante de todos.

Porque una democracia no muere únicamente cuando aparecen dictaduras o tanques en la calle. También puede fallecer cuando el poder se vuelve más fuerte que las instituciones y el ciudadano, renuncia a rebelarse.

Cuando la oscuridad deja de esconderse y la desvergüenza comienza a actuar impúdicamente a plena luz del día, sin temor a la ley, sin respeto por la Constitución y sin miedo al rechazo social, el problema deja de ser solamente la existencia de los monjes negros.

El verdadero drama comienza cuando una sociedad entera se resigna a convivir con ellos, cuando el ciudadano acepta como inevitable que, el poder real opere por fuera de las instituciones y cuando la República, se transforma lentamente en un escenario vacío donde las decisiones ya no pertenecen al pueblo sino a un puñado de cofradías de operadores, mercaderes y trúhanes.

Las palabras de Alexis de Tocqueville cobran vigencia a este respecto: “Las democracias pueden perecer no por exceso de tiranía, sino por exceso de apatía…” porque las naciones no pierden primero sus recursos, sus territorios o su soberanía. Antes de todo eso, pierden algo mucho más grande: pierden “a sus ciudadanos…”