Entre el primer trimestre de 2025 y el primero de 2026, las estimaciones trimestrales muestran que la pobreza pasó de 31,4% a 30,0%, una reducción interanual de 1,4 puntos porcentuales, mientras que la indigencia descendió de 6,9% a 6,5%, apenas 0,4 puntos. Al comparar trimestres equivalentes todavía se registra una leve mejora, pero muy inferior a la observada durante 2024 y la primera parte de 2025.

Para identificar el quiebre más reciente conviene, sin embargo, no comparar directamente el cuarto trimestre de 2025 con el primero de 2026. La EPH releva los ingresos percibidos durante el mes anterior y, por esa razón, el medio aguinaldo tiende a quedar captado en los trimestres impares — primero y tercero—, a diferencia de los pares. La comparación entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026 no elimina toda estacionalidad, pero ofrece una referencia más homogénea. Entre esos dos momentos, la pobreza aumentó de 26,9% a 30,0%, es decir, 3,1 puntos porcentuales, y la indigencia pasó de 6,0% a 6,5%, un incremento de 0,5 puntos.

Más que un aumento interanual consolidado, los datos muestran el agotamiento de la fase de descenso y su reemplazo por un escenario de estancamiento, con indicios de reversión. El cambio es más visible en la pobreza; en la indigencia expresa un deterioro gradual de los hogares ubicados en el extremo inferior de la distribución.

Esta evolución coincide con las conclusiones del documento técnico Menos pobreza en tiempos de ajuste: ¿qué explica el descenso en el contexto libertario?, publicado recientemente por el ODSA. La caída entre 2024 y 2025 se apoyó principalmente en la recuperación parcial de los ingresos laborales y en el abaratamiento de las canastas básicas respecto del nivel general de precios. Pero los ajustes realizados mostraron que la reducción fue considerablemente menor que la informada oficialmente: entre 2022 y 2025, la pobreza disminuyó 10,9 puntos según el cálculo oficial y solo 3,1 puntos con los ajustes integrados; en la indigencia, las bajas fueron de 2,3 y 0,5 puntos.

Todavía no contamos con una estimación ajustada para 2026. Sin embargo, la medición oficial sobreestimó de manera significativa la mejora hasta 2025. Que la caída se interrumpa incluso en esa serie refuerza la hipótesis de que la evolución efectiva de las condiciones monetarias de los hogares es menos favorable que la reflejada por los datos publicados. Este sesgo no es menor: surge de problemas en la captación de ingresos, de una canasta total construida con ponderadores desactualizados y del desfase entre los ingresos declarados y las canastas utilizadas, factores que durante un período de alta inflación alteran tanto los niveles como la evolución.

Seis factores plausibles detrás del cambio de tendencia:

1. Pérdida del impulso proveniente de los precios relativos. Durante el primer trimestre de 2026, la CBA acumuló un aumento de 11,6% y la CBT de 9,6%, mientras que el índice salarial total aumentó 8,6%. Los salarios registrados crecieron incluso menos, 7,0%. Los ingresos salariales dejaron así de superar a las líneas de pobreza y, especialmente, de indigencia. La aceleración de la canasta alimentaria ayuda a explicar el aumento de la indigencia.
2. Debilitamiento del mercado de trabajo como factor de reducción de la pobreza. Entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 no hubo cambios significativos en las tasas generales de empleo y desocupación. Sin embargo, la subocupación aumentó 1,1 puntos y la informalidad 2,2 puntos, hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas. La cantidad de empleo se mantuvo relativamente estable, pero crecieron las formas laborales más inestables y peor protegidas.
3. Distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. El ingreso nominal total creció 35,6% interanual, algo por encima de las canastas, lo que explica que la pobreza todavía sea menor que un año antes. Pero el coeficiente de Gini aumentó de 0,435 a 0,442. La mejora promedio no se distribuyó de manera homogénea y resultó insuficiente para muchos hogares cercanos a las líneas de pobreza e indigencia.
4. Menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica. El PIB pasó de crecer 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 —en buena medida por comparación con la fuerte recesión de comienzos de 2024— a 2,3% en el primero de 2026. En este último período, la industria manufacturera cayó 1,7% y la administración pública 1,4%. El crecimiento continuó, pero a menor ritmo y sin traducirse en una expansión generalizada de los ingresos laborales.
5. Mayor presión de tarifas, alquileres y servicios básicos. La recomposición de las tarifas de energía, transporte, alquileres y otros gastos fijos avanzó por encima del nivel general de precios y de las actualizaciones salariales y de ingresos. Al ser consumos difíciles de reducir, absorben una proporción creciente del presupuesto familiar y disminuyen los recursos disponibles para alimentos y otras necesidades básicas.
6. Menor capacidad protectora de las transferencias sociales. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan con dos meses de rezago, por lo que pierden poder adquisitivo cuando se aceleran los precios. Además, el IPC utilizado todavía no incorpora los ponderadores de la ENGHo 2017/18, lo que subrepresenta el mayor peso adquirido por tarifas y servicios. Esto debilita la capacidad de las transferencias para sostener a los hogares más vulnerables.

Un quiebre territorialmente desigual

El promedio nacional oculta trayectorias muy diferentes entre aglomerados. Para evaluar el cambio territorial se aplica el mismo criterio de comparabilidad: tercer trimestre de 2025 frente al primero de 2026. Dado que se trata de estimaciones trimestrales sobre dominios muestrales más pequeños, los resultados por aglomerado presentan mayor variabilidad y deben interpretarse como señales que requieren confirmación. Aun con esta cautela, el quiebre negativo aparece con claridad en varios centros urbanos.

En pobreza, los aumentos más pronunciados entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026 se registraron en Posadas, que pasó de 25,6% a 42,6% (+17,0 puntos); Gran Santa Fe, de 24,8% a 39,7% (+14,9); Gran Mendoza, de 25,9% a 37,9% (+12,0); Formosa, de 22,9% a 32,6% (+9,7); y Santiago del Estero–La Banda, de 29,1% a 38,2% (+9,1). También se observan subas relevantes en Viedma–Carmen de Patagones (+8,3), Gran Córdoba (+7,2), Corrientes (+7,2) y San Nicolás–Villa Constitución (+7,0).

También hubo movimientos favorables. La pobreza disminuyó en Río Gallegos, de 28,7% a 22,3% (-6,3 puntos); Jujuy–Palpalá, de 29,9% a 24,0% (-5,8); Mar del Plata–Batán, de 19,1% a 13,9% (5,1); La Rioja, de 38,0% a 33,2% (-4,8); Río Cuarto, de 21,9% a 19,1% (-2,8). El mapa confirma que el freno nacional no se distribuye de manera uniforme: conviven deterioros muy intensos con mejoras localizadas.

La indigencia muestra cambios todavía más abruptos en algunos aglomerados. Gran Resistencia pasó de 13,8% a 24,3% entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, un salto de 10,5 puntos. Posadas aumentó de 1,6% a 10,7% (+9,1); Gran Córdoba, de 3,5% a 6,6% (+3,1); Gran Mendoza, de 3,3% a 5,7% (+2,4); y Formosa, de 3,5% a 5,8% (+2,4). En varios de estos aglomerados, por lo tanto, el deterioro se verifica simultáneamente en pobreza e indigencia.

En sentido contrario, la indigencia disminuyó en Bahía Blanca–Cerri, de 8,1% a 3,2% (-5,0 puntos); Santa Rosa–Toay, de 9,6% a 4,7% (-4,9); Gran Paraná, de 8,5% a 3,8% (-4,7); Gran La Plata, de 6,9% a 2,6% (-4,2); y Río Gallegos, de 5,6% a 1,9% (-3,8). Estas mejoras tampoco deben generalizarse: la estabilidad del promedio nacional reúne experiencias territoriales divergentes y, en algunos casos, fuertes oscilaciones muestrales.

Uno de cada cinco trabajadores continúa siendo pobre

La condición de ocupado tampoco garantiza quedar fuera de la pobreza. Entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, la proporción de personas ocupadas que vivían en hogares pobres aumentó de 18,1% a 20,6%, es decir, 2,5 puntos porcentuales. En el mismo período, los ocupados en hogares indigentes pasaron de 3,2% a 3,6%, un incremento de 0,4 puntos. De este modo, uno de cada cinco trabajadores continúa siendo pobre: el empleo dejó de operar como una protección suficiente frente al deterioro de los ingresos y de las condiciones de vida.

Estos datos son consistentes con un mercado laboral que conserva puestos de trabajo, pero amplía la informalidad, la subocupación y las inserciones de bajos ingresos. La discusión no puede reducirse a cuántos empleos se generan: importa su calidad, estabilidad, productividad y capacidad efectiva para sostener a un hogar por encima de las líneas de pobreza e indigencia.